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Demanda CCE real “ajuste de cinturón”


Diana Ocón Alvarado, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, emitió un comunicado donde expuso la preocupación debido a la gran cantidad de aumentos que ha sufrido la ciudadanía en los primeros días del 2017, y manifestó que esto lesiona y afecta gravemente la economía de miles de familias duranguenses.
Expuso que hay una desproporcionada cantidad de aumentos como el alza en los combustibles, las tarifas eléctricas para el sector industrial, comercial y de uso doméstico, gas LP, además de que el precio del dólar registró un histórico de 21.45 pesos.
Ocón Alvarado señaló que la inflación y el alza en el precio de los combustibles provocarán que disminuyan los salarios reales en 2017 y baje el poder de consumo de la población.
Dijo que el crecimiento económico en Durango fluctúa entre el lugar 14 y 19 en el último año, con un Producto Interno Bruto muy por debajo de la media nacional.
Ante el contexto, precisó que es necesario que la sociedad y los órdenes de gobierno definan una estrategia conjunta para implementar un paquete de acciones inmediatas que incentiven el crecimiento de la economía, pero sobre todo accionar mecanismos inmediatos para evitar una avalancha de incrementos en mercancías y dañar más a la economía familiar.
“Exigimos una reducción sustantiva al gasto corriente de los tres órdenes de gobierno, desde disminución de salarios hasta la eliminación de apoyos superfluos a los funcionarios como pago de celulares y vales de gasolina”.
Propuso a los diputados federales una reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en las gasolinas a fin de aminorar el repunte del precio, pues sostuvo que los nuevos precios son desproporcionados y resulta injusto que el Gobierno Federal traslade toda la carga al consumidor final.
Por esto los 23 organismos que pertenecen al Consejo Coordinador Empresarial propusieron la disminución o eliminación total al financiamiento de los partidos políticos, reducción del número de integrantes en el Congreso Federal y Estatal, aplicación estricta de la Ley a los saqueadores del presupuesto en todo el país y de todos los órdenes de gobierno, disminución de gasto público, eliminación de los apoyos sociales que motivan al paternalismo y no a la productividad.
Además pidieron no más endeudamiento infundado, reducción de la burocracia, apoyo en programas para las empresas que motiven la generación de empleos y nuevas políticas de estímulos fiscales que privilegien proyectos.
“Es urgente que recuperemos la confianza en los gobiernos y las instituciones”.

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