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Vinculan a proceso a exasesor político


La sala de juicio oral de control número cuatro fue el escenario de la audiencia de vinculación donde se ventilaron las evidencias por delito de fraude contra Rafael, exasesor político de la anterior administración estatal.
Después de casi ocho horas de audiencia, contando los recesos, el juez determinó que sí existen los elementos necesarios para vincular a proceso al acusado, a quien se le aplicó como medida cautelar la prisión preventiva.
En ese sentido, Rafael deberá permanecer en prisión preventiva en el Cereso No.1, esto por lo menos hasta el 20 de septiembre, ya que el juez fijó un plazo de tres meses para el proceso de investigación.
Cabe mencionar que aún es apelable la resolución del juez, y que la defensa puede presentar este recurso en menos de cinco días, mismo que deberá resolverse de inmediato. En caso de que se determinara que sí es apelable la resolución del juez entonces Rafael quedaría en libertad.
Antes de que comenzara la audiencia ya había cupo lleno y algunos de los integrantes del público incluían familiares, amigos del acusado, así como funcionarios de la actual administración.
Una falla en una de las cámaras de la sala fue objeto de una pequeña demora en la audiencia programada a las 10:00 horas, pero siendo las 10:15 horas comenzó y las primeras pruebas ofrecidas por la defensa fueron desechadas. Y es que, se contaba con la relación de más de 184 testigos y facturas que comprobaban la prestación de servicios que hubo de parte de la empresa Comunicación Trascendente a Gobierno del Estado del 2012 al 2016.
La audiencia se desarrolló como una guerra de términos y artículos citados de varias jurisprudencias, donde cabe destacar que la dicción y volumen, tanto del Juez como del Ministerio Público, no eran claras, al grado que, al momento de que se entrevistaba al testigo, pedía que se le repitiera la pregunta, pues el Juez se mantuvo distante al micrófono y casi sin gesticular las palabras y el Ministerio Público hablaba en volumen bajo y a trote rápido en modo de trabalenguas.
El acusado vestía de camisa azul y pantalón de vestir, y al lado de su equipo defensor atestiguó lo que en la audiencia de desahogaba.
La formulación de la imputación por delito de fraude menciona a Rafael como participante en dos sociedades: Comunicación Trascendente e ISO Diseño, pero solamente en una de ellas el imputado tiene relación, como accionista, por lo que la defensa se abocó a presentar pruebas a favor de su cliente solo por Comunicación Trascendente.
Al no ser admitidas por el juez las pruebas de testigos y facturas, la defensa de Rafael prosiguió con presentar a un testigo presencial, quien dio su consentimiento de hacer públicos sus datos personales. Oscar Andrés Herrera Guardado, bajo protesta de decir la verdad, aseguró que trabajaba como mensajero en la empresa Comunicación Trascendente, él se encargaba de llevar a las oficinas de comunicación social de Gobierno del Estado, las facturas y testimonios de los servicios prestados por Comunicación Trascendente.
Refirió el testigo el nombre de la persona que recibía la factura y el testigo de la prestación del servicio, también dijo que se colocaba sello y hora de recibido y que había mucha disciplina en torno a que el concepto de la factura y lo que se entregaba de testigo-evidencia coincidiera. Incluso cada video-testigo tenía que ser revisado en su presencia para corroborar que no había errores.
La defensa objetó varias de las pruebas presentadas para comprobar que hubo delito de fraude por parte de Rafael. Entre ellas el dictamen pericial contable, pues se realizó un dictamen que catalogó como “inverosímil”, toda vez que en seis horas el perito en contabilidad analizó, realizó dictamen y ratificó el mismo de un total de más de 300 facturas y documentos que se presentan como evidencia de un acto simulado por parte de Rafael.
Así mismo, la defensa objetó que se tratara de vincular a proceso a Rafael, pues es accionista, en un 50 por ciento, de la empresa Comunicación Trascendente, y no funge como representante legal o como presidente o director de dicha empresa.
En menos de 48 horas se realizan varios procedimientos, entre ellos, la solicitud de orden de aprehensión, el nombramiento del perito contable, la emisión del dictamen pericial, y la misma orden de aprehensión, exhorto a la Procuraduría de Jalisco, y la misma detención de Rafael, lo que calificó la defensa como un proceso “sorprendente y expedito”, mismo proceso que da lugar a dudas.
Agregó la defensa que tampoco existían los elementos para vincular a proceso a Rafael, porque para que se presente el delito de fraude, por actos simulados, la jurisprudencia dice que se tiene que celebrar un contrato entre dos partes y debe haber un tercero afectado.
Estos requisitos para que se determine que hubo delito de fraude no se cumplían según la apreciación de la defensa, pues la imputación dice que Gobierno del Estado y Rafael celebraron un contrato “verbal”, del cual no existe evidencia, y que esto fue en detrimento de Gobierno del Estado. El afectado no puede ser el mismo que conviene el contrato, por lo que no se puede tipificar un fraude, alejó la defensa.
El Ministerio Público refirió que no había perito al momento de que se desarrollaba el proceso para una orden de aprehensión, por eso se tuvo que nombrar a uno en esos momentos y refutó cada una de las objeciones de la defensa.
Después de un receso, que anunció el Juez para analizar las evidencias presentadas por las partes, se reanudó la audiencia y el Juez dio lectura de su resolución donde citó cada una de las 318 facturas que sirven de evidencia del fraude cometido, en un lapso que duró más de tres horas.
Determinó que como propietario del 50 por ciento de la empresa Comunicación Trascendente sí hay indicios de responsabilidad por fraude, pues debió tener conocimiento de lo que la empresa hacía. Así mismo, dijo que el fraude se cataloga como continuado y que además todo el recurso se dio a una sola empresa por lo que existió monopolio.
La audiencia terminó entonces con una resolución no favorable para Rafael, quien aún estará bajo un proceso de investigación, después de éste será cuando se determine delito y pena para el acusado.

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