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Manejan donativos sin control


No existe una rendición de cuentas adecuada sobre apoyos

Iris Velázquez
Agencia Reforma

Las aportaciones para las fases de emergencia y reconstrucción tras los sismos de septiembre de 2017 sumaron tres mil 413.4 millones de pesos, aunque no existe una rendición de cuentas adecuada sobre este dinero, reveló el Senado de la República.
Un estudio realizado por el Instituto Belisario Domínguez reportó que la suma corresponde a los apoyos canalizados hasta el 5 de diciembre por la iniciativa privada y sociedad civil de México, así como por Gobiernos, organizaciones y personalidades del extranjero.
“Sin embargo, cabe destacar que no se encontró información disponible de algunas campañas de recaudación de fondos en apoyo tras los sismos, como por ejemplo, las que organizaron algunos bancos”, precisó.
El documento detalló que el 69.5 por ciento de los recursos corresponde a los recursos recaudados por la Fundación Carlos Slim, el 7.6 por ciento a las recaudaciones del fideicomiso Fuerza México y el 22.9 por ciento a las donaciones de otros actores.
Indicó que dado que la información de estas aportaciones y donaciones no se encuentra concentrada en ningún sitio en particular fue necesario consultar diversas fuentes para ubicarla.
Ante la necesidad de fomentar la transparencia, de acuerdo con el análisis, las donatarias que han efectuado aportaciones monetarias o en especie deberán brindar información detallada sobre estas contribuciones.
Señaló que en la Ley de Ingresos de la Federación 2018 se establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá publicar antes del 30 de septiembre un reporte de las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
“En dicho reporte se deberá señalar, para cada una, los montos de los donativos obtenidos en efectivo y en especie, así como los recibidos del extranjero, entre otros datos”, subrayó.

Rendición de cuentas

El estudio señaló que la Ley General de Protección Civil establece que deberá promoverse un mecanismo ágil, transparente y efectivo de control y coordinación para que los recursos donados sean administrados y entregados en beneficio de la población afectada.
La normativa prevé, sostuvo, que las autoridades en los diferentes órganos de gobierno determinarán los criterios de uso y destino de los donativos recibidos en casos de emergencia o desastre, debiendo en todo rendir un informe detallado.
“Sin embargo, los sismos de septiembre dejaron de manifiesto que existe un área de oportunidad para crear dentro del Gobierno federal una unidad que se active en casos de emergencia o desastre y que tenga el objetivo de coordinar los apoyos recibidos”, alertó.
El estudio dijo que esto es con la finalidad de asegurar que el uso de los recursos sea oportuno y cumpla con criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas.

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