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10 años después, cero en justicia penal

MIN. LUIS MA. AGUILAR M., PRESIDENTE DE LA SCJN:

• Cuando se posee la fuerza se deja de invocar

a la justicia

Gustave Le Bon

10 años y contando podría ser el lema del estudio Hallazgos 2017. Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México; y su gran síntesis, Todos los estados reprobados en la consolidación del nuevo sistema de justicia penal.

Se trata del estudio realizado por el Centro de Análisis en Políticas Públicas México Evalúa, A.C., sobre el “nuevo” sistema de justicia penal, 10 años después de ser implementado durante el gobierno de Felipe Calderón, que lo traspasó al de Enrique Peña Nieto pero han pasado los años y a la fecha todas las entidades federativas del país pueden considerarse reprobadas en su implementación, a pesar de que los gobiernos de entonces, de todas ellas, se comprometieron a darle el impulso que demandaba el incremento de la criminalidad a lo largo y ancho del país, de manera que la única triunfadora y beneficiada por la situación actual ha sido la impunidad.

De acuerdo con el estudio, “el promedio nacional de impunidad directa del sistema acusatorio para 2016 fue de 87.3%, lo cual implica que ‘existe una tendencia generalizada a no resolver y/o solucionar los delitos que se conocen’. La situación es escalofriante si se toma en cuenta que la cifra negra, o los delitos que no se denuncian y por lo tanto no se investigan, es de más del 90%.

“Si hablamos de amnistía a delincuentes, de hecho, ya la tenemos”, dijo Birgit Lamm, directora regional de la fundación Friedrich Naumann, durante la presentación del informe.

Las cifras de la impunidad existente en relación a 10 años atrás, cuando el sistema se puso en marcha, son los siguientes 24 estados:

Jalisco, 99.3%, Tlaxcala, 99.1%, Yucatán, 98.9%, Nuevo León, 97.3%, Baja California sur, 96.3%, Tabasco, 96.2%, San Luis Potosí, 95.7%, Morelos, 95.6%, Guerrero, 95.0%, Oaxaca, 95.1%, Guerrero, 95.0%, Veracruz, 94.9%, Chiapas, 94.0%, Zacatecas, 94.0%, Durango, 91.9%, Ciudad de México, 90.3%, Quintana Roo, 89.9%, Edo. de México, 88.9%, Hidalgo, 85.6%. Chihuahua, 78.0%, Nayarit, 76.8%, Coahuiia, 76.6%, Baja California, 76.4%, Querétaro, 72.2% y Guanajuato, 56.8%.

La anterior situación significa que “es muy bueno delinquir en estos estados”, dijo el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cossío Díaz, pues la probabilidad de que detengan y sentencien a los delincuentes es bajísima. ‘Es aterrador?, concluyó Cossío.

Se han mostrado las bondades de aprovechar el uso de estos mecanismos alternativos, pero aún no se logra consolidarlos como opciones reales que desahoguen cargas de trabajo y brinden un acercamiento a la justicia pronta y expedita, revela el informe.

Maria Novoa, coordinadora del programa Justicia de México Evalúa, llegó a la lamentable conclusión de que “estamos institucionalizando la impunidad de nuestras instituciones de justicia” puesto que este documento ofrece un panorama de las fallas y pendientes en la consolidación del modelo acusatorio y evidencia que “el proceso de transformación del sistema de justicia continúa inacabado” y, por ende, que debería ser una prioridad para el próximo gobierno, de acuerdo con la organización.

De ahí, respetable ministro presidente Aguilar Morales, que resalten las deficiencias en las capacidades de las instituciones de procuración de justicia ya que en 2017, solo 25 de 32 estados habían realizado algún tipo de inversión en capacitación y solo Campeche, Jalisco, Morelos y Querétaro reportaron algún tipo de inversión en cuatro de las cinco instituciones evaluadas, la Fiscalía, el Poder Judicial, la Seguridad Pública, la Defensoría y las Comisiones de Víctimas.

En cuanto a profesionalización de los operadores, solo 58 de las 160 instituciones estatales consideradas -36.3%- reportaron contar con un servicio profesional de carrera o con carrera judicial que se encuentre operando de forma efectiva. Esa es la distancia entre la norma y la realidad”, refiere el informe.

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