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20 años después…

El 16 de febrero de 1996 el gobierno de México firmó con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), los Acuerdos de San Andrés Larráizar, en donde se comprometió a modificar la Constitución para otorgar una serie de derechos, incluyendo autonomía, a los Pueblos y Comunidades Indígenas del país. Los acuerdos, tuvieron en su centro el propósito de terminar con la relación de subordinación, desigualdad, discriminación, pobreza, explotación y exclusión política de los pueblos indios.

Los compromisos y propuestas conjuntas que las partes se comprometieron a impulsar se sintetizan en: 1) Reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución y su derecho a la libre determinación en un marco constitucional de autonomía; 2) Ampliar la participación y representación política, el reconocimiento de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales; 3) Garantizar el pleno acceso de los pueblos indios a la justicia del Estado, a la jurisdicción del Estado y el reconocimiento de los sistemas normativos internos de los pueblos indios; 4) Promover las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas; 5) Asegurar la educación y la capacitación y aprovechar y respetar sus saberes tradicionales; 6) Satisfacer sus necesidades básicas; 7) Impulsar la producción y el empleo; y 8) Proteger a los indígenas migrantes.

Dos décadas después, a la luz de la realidad actual, podemos ver con mayor claridad la importancia de estos acuerdos, del movimiento zapatista y de la oportuna decisión gubernamental, pero particularmente, la importancia y lucidez de quienes de ambas partes concibieron, instrumentaron, llevaron a cabo las mesas de diálogo e hicieron posible la construcción de acuerdos.

El EZLN dejó en claro sus demandas, puso en el centro de la agenda nacional los más caros ideales de los pueblos indígenas, resistió hasta crear las condiciones políticas idóneas y avanzó con la fuerza suficiente hasta que logró una correlación de fuerzas de tal importancia que evitó que el aparato estatal diera la espalda a sus demandas.

Por su parte, el gobierno, sus estrategas y negociadores entendieron, escucharon y fueron sensibles. Enfrentaron el problema, asumieron las demandas de los pueblos indígenas como lo que eran: demandas de una amplia representación de la sociedad civil, de los pueblos que conforman la Nación, de las fuerzas políticas, sociales y gremiales del país. No hicieron ojos ciegos ni oídos sordos, se dispusieron a dialogar, a negociar, se abrieron a otras formas de mirar y entender la realidad, le dieron método, cause y salida al conflicto y también a las demandas del EZLN.

Unos nos enseñaron que es posible y viable negociar sin renunciar a los principios, a las causas y a los valores con ética y congruencia. Otros, nos enseñaron la pertinencia de la negociación y del dialogo como instrumento de gobernabilidad y paz.

A 20 años en que fueron suscritos los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena, entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es necesario aprender de ellos y actuar en consecuencia.

Precisa seguir trabajando para que las demandas de los pueblos y comunidades indígenas sean atendidas, al igual que deben ser atendidas las de los nuevos movimientos sociales, es necesario reivindicar los derechos de cada mexican@ en lo individual y de su colectividad, así como reconocer plenamente sus importantes contribuciones a la vida nacional. Urge confirmarnos como una Nación plural, diversa, de gran riqueza étnica, cultural e ideológica.

El diálogo es la mejor manera de solucionar pacíficamente los conflictos, de alcanzar la paz, de posibilitar la justicia y de gobernar.

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