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2015, entre ratones, ratas y ratotas


itinerario politico

Violencia, inseguridad y corrupción son flagelos que todos los días golpean a la sociedad mexicana, de todo el país y en gobiernos de todos los partidos. Por eso, sean candidatos presidenciales o aspirantes a la más modesta alcaldía, todos construyen sus promesas de campaña a partir de la lucha contra la violencia, la inseguridad y la corrupción.
Sin embargo, la realidad aplasta y ridiculiza los esfuerzos de gobernantes de todos los partidos —y de instituciones encargadas del combate a la violencia, la inseguridad y la corrupción—, a pesar de que hoy se destinan los mayores presupuestos a combatir estos flagelos; y no obstante que hoy se asigna el mayor gasto de la historia a las elecciones.

El negocio de la violencia
Y sin duda algo está muy mal cuando nadie explica a la sociedad que con su trabajo sostiene a las instituciones del Estado, la razón por la que mientras se gastan miles de millones de pesos en combatir al crimen organizado y a las bandas del narcotráfico, esas mismas instituciones no sólo solapan sino ceden y se doblan ante el chantaje de otras bandas mafiosas y criminales —que viven del dinero público—, como la CNTE, CETEG, APPO, SME y sus grupos clandestinos EPR y ERPI.
Algo está muy mal cuando Enrique Peña; Miguel Osorio, Jesús Murillo y otros que pregonan la lucha contra el crimen organizado, son incapaces de explicar por qué razón esas mismas instituciones que capturan bandas como “Guerreros Unidos”, nunca tocan a los grupos mafiosos que bloquean carreteras, incendian palacios municipales, lanzan bombas incendiarias contra cuarteles, destruyen cámaras de vigilancia y mandan normalistas al matadero.
¿Por qué el gobierno de Peña Nieto, los de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y el DF toleran y solapan la violencia cotidiana de la CNTE y sus franquicias como la CETEG, normalistas, APPO, SME, EPR y ERPI? ¿Qué mensaje manda el gobierno federal cuando negocia con el grupo mafioso CNTE la entrega inconstitucional de dinero público a 80 mil maestros, a cambio de que no destruyan más Oaxaca, Guerrero y Michoacán?

El negocio de la política
Pero si lo anterior muestra un Estado esquizofrénico, el negocio de la política está peor. La elección de junio próximo costará cerca de diez mil millones de pesos, en total. Es decir, que las mexicanas son las elecciones más caras del mundo, si medimos su corrupta improductividad y las castas divinas que genera, incluido al INE. Esa democracia electoral permite que los políticos lleguen al poder con el dinero público y que salgan cargados de dinero público, producto de corruptelas. Y los 16 delegados del DF son una perla.
Álvaro Obregón la gobierna el perredista Leonel Luna, quien tiene una denuncia penal por abastecer agua a piperos que carecen de registro legal, por fomentar el boom de construcciones irregulares y donde la norma permite construir 3 pisos, autoriza 15.
Azcapotzalco la gobierna el bejaranista Sergio Palacios, que autoriza construcción de edificios en barrios originarios de la delegación y permitió el aumento de la inseguridad en colonias limítrofes con el Estado de México. También manipula ambulantes.
Gustavo A Madero, la gobierna la perredista Nora Arias, denunciada por peculado y otros delitos en 2013, por condicionar apoyos sociales a personas de la tercera edad a cambio de su afiliación al PRD. Controla ambulantes.
Venustiano Carranza la gobierna el perredista José Ballesteros, que extorsiona y vende a mil 500 los espacios a ambulantes. Clausura a cambio de cuotas.
Coyoacán es negocio de Mauricio Toledo, el mayor pillo del PRD-DF, ya que pide millones de pesos para no clausurar estaciones de gasolina, negocios y construcciones y tiene denuncias penales por la desaparición de recursos públicos etiquetados.
Iztacalco es gobernada por Elizabeth Mateos a quien llueven denuncias por corrupción, enriquecimiento ilícito y por condicionar apoyos a la tercera edad a cambio de afiliación al PRD. Planea dejar la delegación y el negocio familiar a su esposo.
Iztapalapa será gobernada hasta mañana lunes por el bejaranista Jesús Valencia, quien pidió licencia al cargo y puede terminar en la cárcel por enriquecimiento ilícito y otros delitos a causa de la escandalosa corrupción que propició.
Tlalpan es negocio de la perredista Maricela Contreras —conocida como delegada candados porque cierra negocios y giros negros para cobrar por su reapertura— fue denunciada en octubre de 2013 por extorsión y enriquecimiento ilícito.
Miguel Hidalgo es feudo de Víctor Hugo Romo, quien usa dinero público para tapizar la ciudad con su rostro, además de que se le acusa de enriquecimiento ilícito, fraude y desvío de recursos públicos.
Magdalena Contreras está en manos de la perredista Leticia Quezada, quien vive en Polanco y no trabaja en la demarcación. Encargó “el changarro” a su cuñado Arturo Medina —señalado de corrupción, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos—, mientras ella busca ser diputada local o federal.
Xochimilco es feudo de Miguel Ángel Cámara, que roba a los empleados de la delegación al pasar la charola con tarifas de 7 a 15%. La prensa xochimilca lo acusa de corrupción y extorsión, ya que pidió mordida a Gas Natural Fenosa para instalar los ductos.
Tláhuac es negocio personal de Angelina Méndez que saquea la nómina de los empleados y “pide dinerito” para permitir instalar ductos de Fenosa; tiene a toda la familia en la nómina.
Cuauhtémoc es patrimonio de Alejandro Fernández, que dispendia millones para promocionar su imagen y regentea “hordas” de ambulantes, los cuales, poco a poco, se reapoderan del Centro Histórico. Clausura establecimientos para cobrar la reapertura.
Milpa Alta es negocio personal de Víctor Hugo Monterota, acusado de desvío de recursos, control de ambulantes y uso de grupos de choque contra sus críticos.
Benito Juárez es feudo del delegado panista Jorge Romero, quien cobra las cuotas más altas a las empresas inmobiliarias, a negocios clausurados, además de controlar ambulantes, desviar dinero público de instituciones como la Universidad de la Tercera Edad y lo acusan de enriquecimiento inexplicable.
Cuajimalpa es territorio del priísta Adrián Rubalcava, un pillo sacado del PRD, afiliado al PRI, que pide cuotas a negocios para impedir clausuras; cobra por tolerar ambulantes y extorsiona a la industria de bares y discotecas. “Es el más rata de todos”, dicen los industriales inmobiliarios.
Y en lugar de llevar a prisión a esos pillos, los llevarán como candidatos a diputados. Al tiempo.

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