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Anaya y el triste papel opositor

La aprobación de manera tersa, por abrumadora mayoría de votos en el Senado de la República, de los cambios de titular en la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Secretaría de la Función Pública (SFP), no solo sorprende, sino que de esta situación se desprenden múltiples lecturas.
Por principio de cuentas se podría hablar de que el presidente Peña Nieto, a pesar de los bajos niveles de popularidad y de tan controvertidas tomas de decisión, así como los no pocos temas polémicos que le ha tocado sortear (la visita de Trump, la Casa Blanca, Ayotzinapa, etcétera) mantiene el oficio político y el talante conciliador que lo llevó, a principio del sexenio, a sacar adelante el Pacto por México y concretar las Reformas Estructurales. Y es que en la Comisión de Justicia del Senado de la República se ratificó su propuesta, la de nombrar a Raúl Cervantes como nuevo titular de la PGR y eventualmente como el nuevo Fiscal durante los próximos nueve años, con una votación de 81 votos a favor, 3 en contra y una abstención.
Además de los votos de los senadores del PRI y del Partido Verde, se sumaron los votos en bloque de senadores del PAN y del PRD. Los tres en contra fueron de senadores del PT.
Queda la duda sobre qué cosas se negociaron en la mesa el gobierno con las cúpulas del PAN y del PRD. Por qué ratificar de forma casi unánime a un personaje quien fue severamente objetado para ser Ministro de la Suprema Corte. Lo que es más: ni siquiera de López Obrador se escuchó algún pronunciamiento tan enérgico por ser un personaje cercano a Peña Nieto quien se convertirá en el Fiscal del próximo presidente de México. Una estrategia similar a la muy criticada emprendida por los ex gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua de nombrar a gente afin a ellos para dejarlos como fiscales en las nuevas administraciones estatales, con la presumible intención de que les cuiden sus espaldas. Algo similar ha hecho Peña Nieto, ante la displicencia de una oposición que parece solo de membrete.
Por otro lado, en el caso particular del PAN parece empeñado en hacer de lo que parecería un camino despejado rumbo a la elección presidencial del 2018, una senda pedregosa y en cuesta arriba. La pésima gestión de Ricardo Anaya como presidente del Comité Directivo Nacional del PAN ha unido a las diferentes tribus que forman al blanquiazul en su contra. Tras el desplegado firmado por varios connotados panistas en donde demandan a Anaya que desista de sus aspiraciones por ser candidato a la presidencia o bien que deje la dirigencia de su partido, un reportaje de el periódico El Universal en donde se expone el dispendio económico de tener a sus tres hijos estudiando fuera del país de pagar elevados precios por concepto de colegiaturas, renta de una casa y viajes redondos frecuentes de México a Atlanta, Georgia.
El escándalo de Ricardo Anaya y la aprobación y ratificación de los titulares de la PGR y de la SFP se entrelazan: El actual presidente nacional del PAN es el promotor del Sistema Nacional Anticorrupción. El chiste se cuenta solo. Que los senadores panistas que integran la Comisión de Justicia hayan ratificado a Raúl Cervantes, de que la bancada panista en el senado haya aprobado en bloque el nombramiento de Arely Gómez como titular de la Secretaría de la Función Pública no deja de sorprender. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Función Pública son piezas claves para el Sistema Nacional Anticorrupción.
Lamentable papel como partido opositor el del PAN. Tendría que ser un natural contrapeso ante el partido gobernante. Aceptar sin cuestionar ambas propuestas presidenciales levanta sospechas.
Las aspiraciones presidenciales de Anaya parecen haber quedado sepultadas tras el escándalo. Algo similar a lo que vivió Arturo Montiel en 2005. Lo que se va a incrementar es la intensidad en la guerra intestina que seguirá viviendo Acción Nacional de cara al proceso electoral del 2018.

ladoscuro73@yahoo.com.mx
@ferramirezguz

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