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Autonomías

Pascal Beltrán del Río 

Cada órgano autónomo constitucional con que cuenta el Estado mexicano es resultado de alguna lucha concreta de la sociedad civil, que, con ello, ha buscado cerrar la puerta al autoritarismo.

Por ejemplo, la autonomía de la Universidad Nacional fue una conquista del movimiento estudiantil de 1929.

La creación del Instituto Federal Electoral, en 1990, y su posterior ciudadanización fueron resultado de sucesivas demandas y acciones ciudadanas para abrir paso a la democracia.

Sin el trabajo de activistas como la abogada Norma Corona, no se entiende la fundación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

El Instituto Nacional de Acceso a la Información no existía antes de la formación del Grupo Oaxaca, que abogaba por la transparencia.

Muchas de las instituciones que hoy son autónomas nacieron como apéndices del gobierno. Con la presión de la sociedad civil, lo que en un principio fueron concesiones de la autoridad para aplacar alguna inconformidad social, se convirtieron en órganos autónomos sobre los que los gobernantes perdieron el control.

Los organismos autónomos aparecieron con el fin aplacar el apetito de la clase política para servirse a sí misma y evitar –como dijo el lunes el presidente del INAI, Francisco Javier Acuña– que los gobiernos caigan en la autocontemplación.

Es evidente que a las autoridades no les gustan los organismos autónomos. Por ejemplo, no creo que al presidente Enrique Peña Nieto le haya agradado que el Coneval documentara que su programa Cruzada contra el Hambre fuera un fracaso.

Es cierto que los órganos autónomos no son perfectos y que, como toda creación humana, deben ser sometidos a un proceso de evaluación. Pero, en serio, ¿Pueden ser calificados de “gobierno paralelo” o de “gran farsa”?

Veamos:

¿Qué sería si no existiera el INE? Seguro volveríamos a los tiempos previos a 1997, cuando las elecciones eran organizadas por el propio gobierno. ¿Se acuerda de los comicios presidenciales de 1988 y de quién presidía la Comisión Federal Electoral, órgano de la Secretaría de Gobernación, a la que se le “cayó el sistema” y dejó de dar resultados?

¿Y si no hubiera CNDH? La autoridad no tendría problema en ocultar graves violaciones a los derechos humanos, como la masacre del río Tula, en 1982, cuando el presidente José López Portillo ordenó parar de tajo las investigaciones sobre la aparición de cadáveres en ese afluente.

¿Qué sucedería sin el INAI y el Inegi? El gobierno daría a conocer la información que quisiera y cuando se le antojara. Los indicadores del desempeño de la autoridad serían simple motivo de fe, pues no habría nada que impidiera manipularlos.

¿Cómo sería México sin un banco central autónomo? Como era en los años 80, por ejemplo, cuando el gobierno fijaba el tipo de cambio arbitrariamente y la inflación se salía de control porque se imprimía el circulante a discreción, afectando a los mexicanos más pobres.

¿Qué tal un país sin Ifetel? Como antes de su existencia: un lugar donde las concesiones para la explotación del espectro radioeléctrico se otorgaban sin transparencia, sin criterios de utilidad pública y beneficio de las audiencias, y donde la competencia en el sector de las telecomunicaciones no existía, impidiendo que bajaran los precios de servicios como la telefonía celular, a la que la enorme mayoría de los mexicanos hoy tiene acceso.

¿Qué pasaría si desaparece el INEE? Volvería el reparto caprichoso de plazas de maestros y directores de escuela, unas veces con criterios políticos y otras, en corrupta subasta al mejor postor. Es decir, justo como sucedía antes de la Reforma Educativa.

Cada órgano autónomo tiene su razón de ser y una historia de movilización social que le dio origen. Si funcionan mal, hay que repararlos. Si alguien ha abusado de ellos en su provecho, o de otros, hay que castigarlo. Pero son instituciones con un propósito –entre ellos, limitar el poder de la autoridad–, y los ciudadanos mal haríamos en no defenderlos.     

Buscapiés

Entregar dinero público a los padres de familia, para que ellos mismos decidan la formación de sus hijos –hay que recordarlo, la educación de un niño empieza en la primera infancia–, no es una idea nueva. En Estados Unidos existe desde los años 90 y ha sido una política identificada con el Partido Republicano. Los resultados también son conocidos: los niños que recibieron educación en colegios privados, vía los school vouchers, han tenido, en promedio, un aprendizaje menor al de quienes no utilizaron ese programa. Lo distinto es que ahora lo promueve un gobierno que se dice de izquierda.

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