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Buenas noticias…

Observatorio-CiudadanoLa captura de La Tuta la madrugada del viernes pasado fue producto del trabajo meticuloso, paciente y certero de las instituciones de seguridad e inteligencia del Estado, en contra no sólo de una organización criminal, sino también de una extensa red de complicidades e intereses locales que, durante los últimos años, le brindó protección y recibió beneficios. Dentro y fuera de México la detención de Servando Gómez es una bocanada de aire fresco para el gobierno de la República y, desde luego, una señal de aliento para los michoacanos. Ahora, ante la renovación de la gubernatura en esta entidad, se abre una coyuntura propicia para que, sin menoscabo de la pluralidad y la contienda electoral, los partidos y sus candidatos suscriban un acuerdo de legalidad y gobernabilidad, con una agenda puntual sobre las reformas, políticas públicas y acciones que, más allá del resultado de la elección, son imprescindibles para garantizar seguridad a la población y dar certidumbre a las inversiones y las actividades productivas. Un ejercicio de responsabilidad democrática como éste permitiría recuperar confianza y relanzar un proyecto de desarrollo a favor del bienestar de una población que ha sufrido los estragos del narcotráfico, las desviaciones gubernamentales y la inestabilidad y los daños sociales provocados por el sindicalismo magisterial.
Otra buena noticia fue la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de reformas constitucionales para la creación de un sistema nacional contra la corrupción. En primer lugar, porque representa un primer paso ante la exigencia más sensible de la sociedad mexicana respecto a la mayor y más profunda deformación estructural del Estado. En segundo lugar, porque expresa la recuperación de la vía del diálogo y la construcción de acuerdos entre las principales fuerzas políticas. Bien por la iniciativa del PAN; bien por el respaldo del PRD; y bien por la superación de las resistencias de algunos actores en el PRI y el gobierno. El trabajo realizado por los líderes parlamentarios de estos tres partidos reivindica el sentido de la política en la pluralidad. Las nuevas facultades y la autonomía que la reforma atribuye a las autoridades responsables de vigilar el debido ejercicio del gasto público y, en su caso, sancionarlo, significarían un avance sustancial.
Hace falta, sin embargo, culminar el proceso de reformas constitucionales, primero en el Senado, donde debería refrendarse sin mayores dificultades el consenso alcanzado entre los diputados, y después en los congresos locales, donde podrían surgir los mayores obstáculos; y es que una pieza clave de la reforma radica en las atribuciones conferidas a la Auditoría Superior de la Federación sobre el ejercicio de los recursos de origen federal transferidos a los gobiernos de los estados.
Se sabe de algunos gobernadores que apuestan a que la ley no sea aprobada, mucho temen que ser revisados sus registros contables, encuentren serias deficiencias en el uso de los recursos públicos, los cuales se manifiestan a través de un abanico de delitos difíciles de justificar.
Fiscalizar a toda entidad que ejerza recursos públicos federales careciendo de la facultad directa para juzgar y castigar a los responsables es dejar el círculo abierto. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano con autonomía técnica y de gestión de la Cámara de Diputados que fiscaliza y elabora el Informe de Revisión de la Cuenta Pública, realiza observaciones, solicita aclaraciones, impone sanciones administrativas, finca responsabilidades, exige la restitución monetaria correspondiente, llegando su potestad hasta la denuncia penal a servidores públicos ante el Ministerio Público. Dicho de otra forma, la ASF desarrolla el trabajo de investigación, arma expedientes y al tener los pelos de la burra en la mano, le proporciona la documentación íntegra al cuestionado Ministerio Público, para que a través de la PGR o la Secretaría de la Función Pública se ejecuten las consignaciones correspondientes. Eso es lo que esperamos en un futuro, sólo así, se podrá construir la confianza.
Veamos estos antecedentes: tras 14 años de revisión de la Cuenta Pública por parte de la ASF, de las escasas 444 denuncias de hechos efectuadas, únicamente se han ejecutado siete consignaciones. En dicho periodo la ASF dispuso para su operación de 12 mil 670 millones de pesos, lo cual significa que cada consignación costó mil 810 millones de pesos. De las citadas denuncias, 421 se encuentran en trámite de revisión, ocho están bajo reserva y otras ocho sin ejercicio de acción penal. Expertos en la materia se han pronunciado por dotar de dientes a la ASF, para así cerrar el círculo y que sea un tribunal autónomo con autoridad el encargado de sancionar en materia de corrupción.
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