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Chihuahua y el federalismo…

Se ha abierto una enorme polémica por la denuncia pública que el gobernador de Chihuahua públicamente planteó ante la falta de entrega de recursos públicos por parte de la Secretaría de Hacienda y que de acuerdo al convenio suscrito para ello no fue cubierto por supuestas represalias en contra del gobierno chihuahuense por investigar un desvío de recursos de la pasada administración estatal efectuó para apoyar a las campañas del PRI en el año de 2016.
El conflicto que se ha suscitado entre los gobiernos federal y de Chihuahua revela con nitidez un problema estructural que no hemos querido ver y mucho menos atender: el federalismo mexicano está colapsado.
México es un país políticamente centralizado. Si bien en su diseño original, la Constitución pretendió instaurar un modelo verticalmente descentralizado y que reconocía amplios grados de autonomía a los componentes locales, al menos desde el punto de vista formal, es igualmente cierto que ese modelo se insertó en una realidad histórica en la que los poderes centrales concentraban, en los hechos, la capacidad de decidir y, en particular, la de disponer sobre los recursos públicos. Luego, la estabilidad del régimen posrevolucionario se asentó en el presidencialismo de partido hegemónico. El presidente arbitraba, fuera de los sistemas formales de colaboración y coordinación, la relación entre órdenes de gobierno. En efecto, el presidente pacificaba las tensiones entre los ‘sectores’ locales y el gobierno en turno; ponía y quitaba gobernadores; los premiaba con recursos o con una nueva candidatura; los castigaba con el ostracismo o con la cárcel. No se requerían reglas, procesos e instituciones para definir los alcances de las mutuas responsabilidades o dirimir los conflictos: el presidente mandaba sobre todos, porque era el jefe del partido al que todos pertenecían.
Un nuevo impulso descentralizador apareció con el pluralismo competitivo que marcó el tono de la transición democrática mexicana. Conforme la oposición, especialmente el PAN, asumió responsabilidades locales de gobierno, la agenda de la relación nacional gobierno-oposición comenzó a incorporar exigencias de mayores facultades y recursos para las entidades federativas y municipios. El nuevo entorno de pluralidad también reveló que la coordinación entre gobiernos de distinto signo ya no podría gestionarse desde las dinámicas del viejo presidencialismo. Esto fue especialmente evidente en el caso de la seguridad pública, pero también en educación o salud. Con la apertura democrática, sin embargo, el país no repensó el modelo de distribución de responsabilidades. De ahí que las muchas reformas que han impactado en esa distribución competencial, no siguen racionalidad alguna. No hay detrás de las subsecuentes revisiones al arreglo federal un consenso base sobre qué toca hacer a la federación y qué debe quedar en manos de los estados y los municipios. La evidencia de que el ámbito local no tiene capacidades institucionales para ejercer eficazmente algunas de las atribuciones que tiene en papel, inauguró una nueva etapa de centralización: federalización de materias, la concurrencia a través de leyes generales o de bases y, por supuesto, los nuevos sistemas nacionales. El resultado ha sido muchos tipos de federalismos: el penal, el de la educación, el de la salud, el de la transparencia, el de combate a la corrupción, el de fiscalización, el de deuda y un largo etcétera.
Y es aquí donde aparece el problema de los recursos. Las entidades federativas son altamente dependientes de la federación, desde el punto de vista financiero y presupuestal, entre otras cosas porque recaudan mal y gastan aún peor. Pero también porque hay márgenes importantes de discrecionalidad que han creado incentivos parasitarios: para qué hacer un esfuerzo por elevar la recaudación propia, si puedo negociar hacia final de año recursos de esos fondos federales que se ejecutan como ampliaciones extraordinarias, a través de convenios de colaboración (en el argot se les conoce como las ‘ayudas’ para los ‘cierres’ de los ejercicios presupuestales y, en últimas fechas, como apoyos para el saneamiento financiero). En contrapartida, esos fondos discrecionales, que derivan de ingresos excedentes o no presupuestados, conceden a la federación un importante poder de chantaje. Un círculo perverso, pues: inhibidores a la recaudación-dependencia creciente de los excedentes federales-mayor vulnerabilidad a la autonomía local-espacios de oportunidad para los ‘moches’.
Como estamos en elecciones, el caso Chihuahua difícilmente pondrá el acento donde debe estar: el problema de fondo es el federalismo mexicano, tal y como se ha estructurado sobre todo en las últimas tres décadas. Pero de ese elefante en la sala nadie quiere hablar. Tal vez porque a todos conviene, en alguna forma, dejar las cosas como están.

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