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Congreso, el desafío de la corrupción

Aurelio Ramos Méndez

En la LXIV Legislatura es pertinente preguntar si, en curso ya la Cuarta Transformación de México, aún tienen cabida los abusos, las trampas, alevosías, chanchullos y marrullerías de que han dado muestra algunos flamantes diputados y senadores.
O si, por el contrario, la nueva mayoría operará como potente eyector para expulsar deshonestos y probar así, de entrada, que entendió a cabalidad el mensaje inequívoco, el contundente mandato popular del 1° de julio consistente en tolerancia cero a la corrupción.
Y que, a partir de tal cabal comprensión, esta robusta mayoría se asume —como debe ser— primera obligada a acatar el pronunciamiento ciudadano y empezar hacer del Congreso un espacio libre de ¬corruptos.
No es ocioso el interrogante, a la luz de las conductas familiares, cívicas y políticas de que han hecho gala Noé Fernando Castañón Ramírez, Damián Zepeda Vidales y Manuel Velasco Coello, por sólo mencionar a los exponentes más vistosos por estos días de la corrupción en el Legislativo.
O, a la luz de los maniobras de más de medio centenar de petistas y pesistas postizos y cachirules, para no hablar de Miguel Mancera —¿apartidista? ¿filoperredista?¿panista?— ni menos del muy cuestionado Napoleón Gómez Urrutia.
Aunque, en honor a la verdad, vale decir que aún es un enigma el tratar de determinar si, en un rapto supremo de cinismo o en meritorio lance contra la impunidad, el líder minero ya advirtió que procederá jurídicamente en contra de quienes lo acusaron “con falsedades” de haberle birlado 55 millones de dólares a su sindicato.
Tiene valía la advertencia de Napito, si se repara en que en nuestro medio aun los mayores escándalos suelen quedar en el más absoluto misterio, sin que a las aparentes víctimas ni a los victimarios les interese aclarar las cosas, lo que hace presumir pillerías de lado y lado.
Por lo pronto, la anunciada querella del senador llegado de Canadá —cuyo nombramiento como Presidente de la comisión senatorial de Economía algunos, empavorecidos, buscan impedir—debe tener inquietos, entre otros, a Javier Lozano Alarcón y Germán Larrea.
Los mexicanos del común, en todo caso, veremos con regocijo el desenlace de este inédito revire político-jurídico que promete poner a cada quien en su lugar, que podría ser tras las rejas.
La orden surgida de las urnas de rechazar la corrupción debe ser acatada en todos los ámbitos de la vida nacional; pero, en primer lugar, entre los representantes populares, quienes están en la obligación de demostrar que escucharon el clamor del pueblo.
No sólo eso. Se hallan ante el imperativo de impulsar leyes acordes con aquella disposición ciudadana y también de observar mesura, probidad y decencia en lo personal y como corporación.
Resulta incomprensible, en este escenario, la realización —en tiempos de austeridad y supresión de duplicidades— de una consulta nacional para elaborar la política pública anticorrupción del próximo gobierno, ahora coordinada por Mariclaire Acosta y Ricardo Salgado, como si el tema no estuviese híper diagnosticado.
Si alguna utilidad pudiera derivar de este sondeo, sin embargo, podría ser el diseño de una reforma —vinculante, a fondo— del Poder Legislativo, con miras a erradicar la corrupción en este poder del Estado cuyos integrantes, duros de moralizar, por sí mismos no emprenderán iniciativa alguna al respecto.
Al tomarles la protesta de ley a los nuevos senadores la respetabilísima maestra Ifigenia Martínez hizo un llamado que los presidentes camerales Martí Batres y Porfirio Muñoz Ledo, y en general quienes conducen el Legislativo, no deben soslayar:
“Tenemos por primera vez un Congreso manifiesta y mayoritariamente de una izquierda democrática. La responsabilidad que se nos ha conferido representa la esperanza de la ciudadanía, teniendo la valiosa oportunidad de demostrar que somos una Nación donde se respetan y se hacen valer los derechos.
“Estamos en la mira del ámbito internacional, confiamos que esta Cámara de Senadores sea ejemplo de honorabilidad, trabajo y rectitud”.
Y Andrés Manuel López Obrador, instó a los nuevos legisladores ser, sin simulaciones, auténticos representantes populares, porque —dijo— llegó a su fin la época de diputados y senadores como representantes de intereses creados.
Por todo ello, en modo alguno puede ser consentido el influyentismo y desdén que Castañón ha mostrado por la ley y la justicia, en un asunto de maltrato conyugal que trasciende con mucho lo familiar. Ni las maromas y burlas de Velasco y Zepeda no sólo a sus electores o copartidarios, sino a los mexicanos en general.
Deben servir estos casos para enviar un mensaje de cambio real, en el sentido de que los representantes populares ya no pueden incurrir impunemente en prácticas corruptas, que no se reducen a la apropiación indebida de dinero público.
La corrupción, por supuesto, abarca la deshonestidad, perversidad y comportamientos antiéticos que han exhibido muchos de los nuevos legisladores, conductas que naturalmente tienen una dimensión económica.
Deben servir esos episodios, por lo menos, para ensayar nuevas formas de relación entre nuestros políticos; por ejemplo, la aplicación por los más limpios, o menos cochambrosos, de una merecida muerte civil o política.
¿Cómo? Haciéndoles el vacío a los inmorales o metiéndolos una buena temporada en el congelador, privándoles hasta del saludo. Tal como tendría que ocurrirle a Castañón en un Congreso ahora con alta presencia de mujeres.
No ha sido eso, no, la dispensa de un trato recriminatorio, lo que hemos visto por estos días, en las jornadas de credencialización o las sesiones de instalación de las ¬cámaras.
Los medios difundieron con profusión imágenes en las que se pudo ver al coordinador de senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, y a Miguel Osorio Chong y otros legisladores, posando dichosos, muertos de la risa, al lado de Velasco y de Zepeda.
¡Ni la más leve incomodidad parecía causarles a esos políticos la áspera cercanía de personajes contaminantes, que por lo mismo tendrían que andar en condición de zombis! Penoso.

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