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Consumo de mariguana traerá más burocracia

Miguel Ángel Rivera

Mientras el gobierno entrante ofrece reducir la burocracia, la realidad pone en evidencia que en algunas áreas de la administración pública será necesario crear nuevas instituciones y contratar o capacitar personal especializado.

Tal es el caso de la legalización del uso de la mariguana, que parece estar a punto de convertirse en una realidad.

Para empezar, como el consumo de ese enervante dejará de ser un delito, su producción y comercio ya no podrán ni deberán dejarse bajo la responsabilidad de la policía u otras fuerzas de seguridad del Estado. Tampoco podrá cubrir ese espacio la autoridad civil actualmente comisionada.

A la fecha, el control del manejo de la mariguana con fines medicinales corresponde a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que no parece tener los recursos ni el personal especializado suficiente.

Basta señalar que el uso medicinal de la mariguana fue aprobado el año anterior y apenas el lunes, el titular de la Cofepris, Julio Sánchez y Tépoz, dio a conocer los lineamientos en materia de control sanitario.

Si definir las reglas fue tardado, lo será mucho más llevarlas a la práctica.  La autoridad deberá supervisar la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte, prescripción médica, suministro, empleo, uso y consumo del cannabis.

¿O todo se dejará a la buena voluntad, como se pretende hacer con el pago de impuestos?

La Cosecha

Considerada como una muestra del proceso de preservar la autonomía del Poder Judicial, en la capital y en todo el país, el próximo viernes 9 los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México decidirán quién será su presidente para el próximo periodo de tres años (2019-2021).

Los 5 candidatos registrados (Manuel Díaz Infante de la Mora, Álvaro Augusto Pérez Juárez, Rafael Guerra Álvarez, Rosalba Guerrero Rodríguez y Celia Marín Sasaki), cumplen con el perfil, trayectoria y experiencia que exige la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero, como siempre, han surgido algunas voces que intentan malinformar y confundir sobre presuntas irregularidades.

Lo cierto es que dicho proceso es de los más cuidados y se considera totalmente blindado ante cualquier amenaza de ilegalidad. Por algo lo tutela el propio Poder Judicial, como lo prueba el hecho de que organizaciones, colegios y barras de abogados, se hayan sumado durante la presente semana para defender la autonomía del Poder Judicial y sus instituciones. A eso se le llama unidad.

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