Loading

Crisis institucional

itinerario politicoLa acumulación de sucesos desfavorables en México desde fines de septiembre ha tenido grandes costos. El mayor y más trascendente es la descalificación de las instituciones por la ciudadanía. La pérdida de popularidad del Presidente, el enojo de la sociedad por casas vinculadas con contratos, conflictos de interés y explicaciones insuficientes, la frustración y miedo por la ineficacia en materia de seguridad pública y procuración de justicia, todo eso desembocó en un extraordinario aumento de la desconfianza ciudadana en las instituciones.
La última encuesta GEA-ISA, levantada del 22 al 24 de noviembre, no deja duda al respecto. Entre junio y noviembre, la confianza en las principales instituciones (14) se desplomó. En las universidades, de 55% a 42%; iglesias, 37% a 34%; maestros, 36% a 31%; Ejército, 48% a 30%; policías, 20% a 10%; partidos políticos, 16% a 7%; y, juzgados, 13% a 7%.
Para la sociedad, los partidos políticos no representan realmente sus intereses (36%). Dichos partidos han perdido su capacidad de intermediación política. La insatisfacción con la democracia aumentó a 61%. En consecuencia, la intención de votar en las próximas elecciones para diputados federales y otros puestos a nivel local, disminuyó de 43% en septiembre a 31%; menos de una tercera parte del electorado manifiesta que concurrirá a las urnas. Por contra, la sociedad es más proclive a canalizar sus demandas y reclamos por conductos distintos a los partidos políticos: realizar marchas o plantones de protesta (de 33% a 39% en un año); realizar bloqueos a dependencias o empresas (de 21% a 25%); y, realizar acciones violentas de protesta (de 8% a 11%).
Además de las estructurales (pobreza, informalidad, estancamiento), múltiples causas explican esta crisis. Primera, por su mal manejo, en México y en el exterior, el gobierno federal es percibido como “responsable” de la masacre de Ayotzinapa, a pesar de que conforme a la encuesta, la ciudadanía tiene claramente identificados a los responsables: alcalde de Iguala, 84%; policía municipal de Iguala, 78%; grupo criminal Guerreros Unidos, 65%; ex gobernador Ángel Aguirre, 56%; Ejército, 25%; gobierno federal, 26%; presidente Peña Nieto, 23%; PRD, 39%. Fue un error no haber trasmitido que se trataba de un problema de dimensión primeramente local y/o estatal, y permitir que se presentara como un asunto de alcance nacional.
Segunda, la ciudadanía está harta de continuas violaciones a sus derechos. La encuesta señala que 63% de la población demanda que la autoridad impida bloqueos de avenidas y carreteras. Asimismo, 84% considera que con la fuerza pública, y pleno respeto a los derechos humanos, la autoridad debe impedir el incendio de edificios públicos durante manifestaciones.
Tercera, el cinismo y la soberbia con el que se ha manejado el asunto de las casas y el conflicto de interés. En la medida que el gobierno no actúe, aumentará su desaprobación. Esos acontecimientos empeoraron su opinión del gobierno federal (30%), y del PRD (39%), entre otros. De manera concomitante, pocos le creen al Presidente de la República: nada, 38%, y poco, 47%. Juntos serían 85%.
En la historia de México, es difícil identificar un golpe tan amplio y peligroso como este a la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. La consecuencia es la disminución en la intención de voto en junio de 2015. Quizá ahí está la oportunidad para resolver el asunto de fondo, en la medida en que la ciudadanía inexorablemente tendrá que definir quién ejercerá el poder, en Iguala, en Guerrero, y en el Congreso federal. El mejor antídoto para contrarrestar la desconfianza en las instituciones es una elección pacífica, que recoja las verdaderas preferencias de quienes sufraguen. Contra el embate a las instituciones surge la oportunidad de un movimiento social que transforme las elecciones de junio de 2015 en un verdadero plebiscito sobre un México institucional y democrático.
Economista

Comenta con Facebook