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Derogar… ¿y después qué?

Ivonne Melgar

En las sesiones de arranque, los diputados y senadores de Morena han activado su mayoría legislativa para confirmar las promesas de campaña.
Pero en medio de la euforia propia de una aplanadora parlamentaria —a la que nos desacostumbramos en los últimos 20 años— surgen indefiniciones.
Tienen prisa en acompañar los cambios ofrecidos por el Presidente electo y, en una especie de limbo legislativo, celebran como opositores aquello que tendrán que defender como gobierno, con los costos que conllevan los cambios.
Como si la educación pudiera gobernarse a golpe de declaraciones, los diputados morenistas y petistas tomaron el martes la tribuna de San Lázaro para celebrar un punto de acuerdo en el que invitan a las autoridades educativas a suspender de manera inmediata e indefinida la evaluación docente.
El jueves, los senadores de Morena hicieron lo propio con un exhorto al secretario de Educación, Otto Granados, al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) y a los gobiernos estatales, para que cancelen los exámenes a los profesores programados para noviembre.
Aun cuando en la tradición legislativa mexicana los exhortos son considerados como llamados a misa, buenos deseos que a nadie obligan, la SEP y el INEE respondieron con un no casi rotundo, al menos en lo que resta del sexenio.
El secretario Granados argumentó que su dependencia debe seguir evaluando a los maestros porque se trata de un mandato constitucional y de un derecho laboral, en tanto los cuestionados exámenes están relacionados con el ingreso, la promoción y la permanencia docentes.
El INEE alegó que la ley vigente establece efectos derivados de la evaluación, como es el reconocimiento para los profesores que obtienen buenos resultados.
Los comisionados del Instituto, personajes de trayectoria en el conocimiento de nuestra realidad educativa, le notificaron al Congreso que para la cuestionada jornada de noviembre, miles de docentes ya se han inscrito porque aspiran a beneficiarse con los incentivos que la reforma constitucional del artículo Tercero estableció.
Y en lo que fue un atento aviso de las implicaciones legales que traerá la eventual derogación de la Reforma Educativa, el INEE les advirtió a los legisladores: Cualquier decisión que se tome, deberá respetar los derechos laborales de quienes ya participan en este sistema sustentado en el mérito.
En respuesta, el presidente del Senado, Martí Batres, presentó una iniciativa para derogar cualquier vínculo de la evaluación docente con la permanencia en el empleo de profesores.
La prisa legislativa por congraciarse con los bastiones políticamente radicales del magisterio, no sólo reduce los márgenes de acción del futuro secretario de Educación, Esteban Moctezuma, sino que avizora que los foros convocados para analizar el tema de la reforma serán de trámite.
Pero más allá de los personajes y sus agendas, están la complejidad y el desafío de gobernar. Y es ahí cuando derogar será un verbo insuficiente.
Porque no basta con anular lo existente. Lo que importa es cómo y con qué habrá de sustituirse.
Ya sabemos que el próximo gobierno tiene la mayoría para derogar en una sesión de trámite desde la reforma educativa hasta el INEE. ¿Y después, qué sigue?
Porque las tomas de tribuna con las añejas consignas de la CNTE son muy lucidoras en los medios, pero en nada mejoran la calidad de la vida escolar.
¿O acaso el gobierno de Andrés Manuel López Obrador será rehén del discurso sindical?
Sabemos que la derogación va, pero todavía no nos informaron de qué se va a tratar el cambio educativo.
Sabemos que los dirigentes de la CNTE y los bastiones del SNTE identificados con Elba Esther Gordillo esperan ser reivindicados políticamente por el próximo gobierno. Pero en el México ajeno a la grilla, los maestros quieren certeza laboral y los padres de familia, una educación que sirva para el futuro.
Es cierto que en sus primeras dos semanas el Congreso morenista ya cocinó la Ley de Remuneraciones, aprobada este 13 de septiembre, para prohibir en la administración pública ingresos superiores a los 108 mil pesos que recibirá mensualmente el presidente López Obrador.
Sin embargo, no queda claro si ésta debe entrar en vigor antes de contar con el Presupuesto de Egresos de 2019 y con un plan de ajuste que respete los derechos de quienes serán afectados con despidos y reducciones salariales.
¿Acaso el presidente Peña va a despedirse con esa ley y se irá cargando los costos de su promulgación?
Como en el pasado del viejo régimen, los representantes de la nueva hegemonía se regodean en las formas, sacrificando el fondo. Y hacen de la derogación su término favorito.
¿Y la lucha contra la impunidad y la mafia del poder?
Cuando era gobernador, el priista Roberto Sandoval otorgó una Notaría Pública al exauditor Superior de Nayarit.
Es una práctica de cohecho que los gobernadores de todos los signos han usado para pagar favores.
Son los privilegios que socavan a México. Pero en su arranque, la aplanadora morenista prefiere castigar a los burócratas y no a los corruptos.

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