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Deuda pública: sirviéndose con la cuchara grande

agenda publicaLa experiencia nos dice que en nuestro país resulta, casi siempre, necesario el legislar para limitar el poder público. Ejemplos sobran de actores que detentando el poder público han caído en la tentación de cometer excesos, dentro de los límites de la ley, en el ejercicio de sus responsabilidades y han comprometido o puesto en riesgo el futuro de sus gobernados, representados, etc.
Lo anterior viene a colación debido a la información que en años recientes saltó a la opinión pública con relación al incremento desmedido de la deuda pública de los estados y municipios prácticamente desde las dos últimas décadas del siglo pasado, y también a la inminente aprobación, posiblemente el próximo martes, en el pleno del senado de la república de la iniciativa de reforma constitucional en materia de disciplina financiera para estados y municipios que pretende mitigar las excesivas deudas públicas que contraen algunos gobernadores y alcaldes.
La tendencia a la alza en la contratación de deuda inició a principios de la década de los noventa, cuando, principalmente pero no únicamente, la banca comercial encontró en los gobiernos estatales y municipales a los mejores clientes cautivos mediante distintos créditos. De tal suerte que entre los años 1993 y 2014 la deuda de las entidades federativas aumentó de 18,278 millones de pesos a 481,079 millones, habiendo crecido 2,532% aproximadamente. En nuestro estado pasó de 296 millones a 4,852 millones, habiendo aumentado más o menos 1,539%.
Motivados, en el mejor de los casos, por el deseo de contar con recursos frescos para hacer frente a los compromisos del ejercicio administrativo como pagar deudas contraídas anteriormente, pagar salarios, obras, servicios, liquidaciones a exfuncionarios, etc., y cautivados por la atractiva oferta bancaria quien primordialmente argumenta que la deuda no tiene porque ser pagada totalmente en su administración ─ya que legalmente existe la posibilidad de heredarla a la siguiente sin incurrir en responsabilidad alguna, ya sea penal o administrativa─ algunos gobernantes han caído en el exceso.
Evidentemente que para los bancos ha resultado un negocio bastante lucrativo puesto que a los gobiernos se les puede cobrar tasas de interés exorbitantes sin quejas o protestas, independientemente del personaje o partido político que esté en el poder, pues a final de cuentas las impagables deudas de gobiernos y municipios se heredan a las siguientes administraciones. Asimismo los bancos ofrecen tasas de interés atractivas siempre y cuando se cumpla puntualmente con el pago en los plazos establecidos, pero sabedores de la demora en la entrega de los recursos federales, usualmente esas tasas se elevan considerablemente y la deuda simplemente se vuelve impagable y se va incrementando, sin embargo esto no preocupa a los bancos puesto que la misma deuda está garantizada por el presupuesto público.
Conocido lo anterior, también es necesario aclarar que endeudarse no está mal, el problema es las condiciones en las que se contrata y el uso que se le da a la deuda. Un supuesto ideal sería que por ejemplo la deuda estatal se complementara con el ingreso federal y los ingresos propios (Ingreso federal + Ingresos Propios + Deuda = Recursos totales del estado) para llevar a cabo proyectos de inversión que propiciaran: el crecimiento económico; el empleo; la competitividad; mejorar la calidad de los servicios; entre otros; y que esto elevara el nivel de vida de los habitantes.
Durango es un ejemplo de esto por lo siguiente: no obstante que la deuda ha crecido aún está por debajo de la media nacional en cuanto al monto de endeudamiento; mantiene una sana proporción en relación con las participaciones federales que recibe y el producto interno bruto local; el monto de endeudamiento per cápita es alrededor de $3,000 pesos ─en Coahuila es de casi $12,000 pesos. Además ha sido usada, principalmente, en obras de infraestructura que indudablemente inciden en la generación de empleo, la competitividad, etc.
Lamentablemente no sucede de la misma manera en todas las entidades federativas del país, en algunos casos la deuda ha ido a parar en gasto corriente, o en casos más graves se ha señalado que sirvió para financiar campañas políticas.
En razón de todo lo expuesto amable lector resulta indispensable que el Estado vele por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero en general, para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico, el empleo, etc. Esperemos que esta reforma constitucional establezca los mecanismos necesarios de control y fiscalización para la contratación de créditos por parte de las entidades federativas con respaldo de participaciones federales; ya por lo menos que se cambie la cuchara grande, por una azucarera.
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@keops_torres

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