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¿En manos de quién están las cárceles?

Por Juan Pablo Arreola Torres

Para intentar atenuar las críticas surgidas de la estela de corrupción que ha exhibido el motín y la muerte de 49 personas en el penal de Topo Chico, las autoridades locales han llegado a hacer trascender la idea de que les “sembraron” el conflicto, porque en noviembre pasado trasladaron a ese penal a Juan Pedro Saldívar, apodado “El Z-27”, cuando Topo Chico era controlado por Juan Iván Hernández apodado “El Credo”.

El gobernador del estado, Jaime Rodríguez “El Bronco”  tardó diez horas desde que ocurrió el motín para salir a dar una explicación sobre lo sucedido y cuando lo hizo se equivocó hasta en el número de muertos: anunció 52 y resultaron ser 49. En una crisis de esas características no puede haber diez horas de vacío informativo.

Las cárceles en México son un desastre. Esto lo sabemos desde hace muchos años y nadie hace nada al respecto. ¿Por qué?

Diversas instituciones y organizaciones civiles han diagnosticado el fracaso carcelario en nuestro país. Sobrepoblación, riñas, suicidios, homicidios, abusos de autoridad, falta de autoridad, autogobierno, extorsiones dentro y fuera del penal, drogadicción, narcotráfico, motines y fugas son parte del amplio catálogo de situaciones cotidianas en las cárceles mexicanas. En suma: un horror.

Son muchos los problemas y los gobiernos no hacen nada para resolverlos porque no hay incentivos para hacerlo. Por el contrario, existen poderosos estímulos para mantener un muy rentable statu quo. Y es que los penales son, para muchos, un gran negocio donde circulan millones de pesos.

En las cárceles mexicanas todo se vende y todo se compra. Todo cuesta, y muy caro. Como la comida es una basura, los reos adquieren mejores alimentos. Sus familias se las pueden llevar pero los guardias, que son parte del negocio, les cobran una cuota por meter sus viandas. ¿No quiere el preso dormir en un colchón lleno de chinches, en el frío piso o colgado de los barrotes? Muy sencillo: existen habitaciones VIP con un mejor mobiliario.

Vivir seguro cuesta. Como la cárcel está llena de criminales que necesitan dinero para sobrevivir, pues muchos se dedican a la extorsión: exigen dinero a los más débiles a cambio de no golpearlos. Los más adinerados no tienen ese problema porque contratan a escoltas.

En las cárceles se puede comprar todo tipo de lujos: televisiones, prostitutas, drogas, teléfonos inteligentes, etcétera. Entre más exótico el pedido, más cuesta. En los penales mexicanos no rige el Estado de derecho sino dos implacables leyes: la de la selva —el más poderoso gobierna— y la de la oferta y la demanda —entre más escaso el bien, más caro su precio.

Incluso sabemos que algunos criminales siguen delinquiendo desde las cárceles. Muchas de las llamadas para extorsionar a la población vienen directamente de los penales donde supuestamente están prohibidos los teléfonos celulares. Esto podría solucionarse muy fácilmente instalando bloqueadores de telefonía móvil alrededor de las cárceles. Sin embargo, durante años, los gobiernos no han hecho nada al respecto. No hay que ser ningún genio para adivinar que muchos funcionarios públicos están metidos hasta el tuétano en éste y otros negocios que se realizan en los penales mexicanos. Las supuestas autoridades en realidad son los socios de un sistema donde existe una derrama de cientos, quizá miles, de millones de pesos al año. Hay mucho dinero circulando y nadie quiere matar a la gallina de los huevos de oro.

Ese es el problema de fondo de las cárceles en México: se han privatizado. No son territorio administrado por el Estado. Son negocios que tienen dueño: los mismos presos que hacen todo tipo de transacciones económicas dentro del penal en sociedad con los guardias y directivos. Algunos sobreviven vendiendo tortas o lavando ropa; otros trafican drogas; no faltan, incluso, los asesinos a sueldo.

Pero en las cárceles es difícil que exista un modelo de competencia perfecta. Mercados como éstos tienden a monopolizarse en la medida en que un competidor acumula cada vez más poder. En el caso de las cárceles, los mafiosos mejor organizados y más crueles son los que van monopolizando los múltiples negocios y/o cobrando cada vez más rentas por todas las transacciones. El problema ocurre cuando otro grupo criminal se atreve a desafiar al monopolio existente que obviamente reacciona con gran violencia. Ahí es cuando ocurren los enfrentamientos más violentos que dejan decenas de muertos y heridos como en Topo Chico la semana pasada.

Mientras el Estado mexicano siga permitiendo la privatización de facto de los penales, y los funcionarios públicos sean socios de esta rentable operación económica, las cárceles seguirán siendo un desastre que, de tanto en tanto, producirán violentos enfrentamientos internos con una buena cantidad de muertos.

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