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Erin Brockovich y la construcción de la confianza ciudadana en México


Carlos Matute González

Julia Roberts es Erin Brockovich. Esta película hollywoodense, basada en hechos reales, sobre la mayor indemnización por agravio de tóxicos en la historia de Estados Unidos, cercana a los 333 millones de dólares, a más de 600 residentes de Hinkley. Filmada en el año 2000, es un ejemplo de la indefensión en la que pueden vivir grandes grupos poblacionales por la indiferencia de las autoridades, la avaricia de las empresas y la complejidad de los sistemas de justicia en el mundo.
Erin, que es una secretaria en un despacho de abogados, impulsada por la injusticia y los engaños urdidos por Pacific Gas & Electric descubre que dicha empresa contamina mantos de aguas subterráneas con Cromo 6 (mineral altamente nocivo), lo que provoca graves consecuencias en la salud. La persistencia y la delación de un empleado de la compañía permiten vencer en juicio y obtener el pago de los daños provocados a los habitantes de la zona.
Esta película, pero sin el final feliz, se reproduce constantemente. La Crónica de Hoy (10-8-17) publicó una historia desoladora “Tiré mi casa por varilla radioactiva”. Esta pieza periodística reproduce la angustia de una familia trabajadora que había invertido todos los ahorros de su vida en la construcción de su casa, cuando recibieron la noticia que debían evacuarla porque el acero que la estructuraba estaba contaminado radioactivamente, lo que confirmó un aparato en el que “comenzó a dar vueltas la aguja”.
En 1983, la empresa Aceros de Chihuahua fabricó 5 mil toneladas de varilla contaminada con cobalto 60 que se distribuyó en 15 estados de la República y que ocasionó “n” historias similares a la contada por doña Delfina, quien tardó 15 años en rehacer su casa, asumió todos los gastos de demolición y, afortunadamente, no han sufrido ninguna enfermedad. En Tepatitlán, Hidalgo, todavía existe “la casa radioactiva”, abandonada por sus dueños, en donde juegan los niños. Hoy existe la sospecha social que tal vez por eso se expandió tanto el cáncer entre los pobladores.
En otros países, este tipo de casos, aquellos que afectan a una colectividad de esta manera, se resuelven con la llamada class action que es una institución anglosajona, proveniente de la tradición del equity, que pretende dar alivios extraordinarios a situaciones especiales. En este sentido, la legislación federal estadunidense establece que una sola persona puede demandar como si fuera representante de un grupo y los resultados benéficos del juicio extenderse a los demás, como sucede en el clásico juego mexicano de las escondidillas: uno, dos y tres por mí y por todos los demás.
En 2011, casi once años después de este éxito hollywoodense, en México se reformó la Constitución en su artículo 17 para determinar que las acciones colectivas con efectos similares sólo pueden ser promovidas por asociaciones civiles previamente registradas en el Consejo de la Judicatura Federal. No lo puede hacer cualquier persona afectada. En el derecho mercantil, la acción colectiva existe desde 2007 para proteger los derechos del consumidor, pero ésta debe ser ejercida por la Procuraduría, no por los afectados, y los casos más notorios son Publitrece y la quiebra de las líneas aéreas.
Doña Delfina hubiera querido tropezarse en 1983 con una Erin Brockovich mexicana indignada por la injusticia y la perspectiva de ganar un juicio en el que ella obtendría una parte. Pero eso era imposible, ya que no existía la acción colectiva contra el deterioro del medio ambiente o los efectos nocivos de los bienes o servicios públicos o privados, que regula en legislación federal con el decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2011. El único recurso que tuvo, después de numerosas vueltas a las oficinas gubernamentales y algunos plantones o marchas, fue el de resignación y comenzar a empezar nuevamente desde la marginalidad y el olvido social.
Ni modo. Esa frase se acumula paulatinamente en el ánimo de las familias mexicanas. Golpe dado ni dios lo quita y al mal tiempo buena cara. En algo se equivocan los voceros de la sociedad civil organizada, cuando en su discurso excluyen a los empresarios y los particulares con poder, el hartazgo social, el resentimiento, la desilusión y la desconfianza de la mayoría de la población abarca a todos los que son beneficiarios directos e indirectos del sistema de inequidades. Una incubadora de descontento y combustible que impulsa al populismo político es la ineficacia real de la acción colectiva en México y la class action en Estados Unidos no todos los afectados por las grandes compañías son indemnizados como los residentes de Hinkley, aunque sí existe el incentivo judicial para que los casos se reproduzcan. La solución efectiva y constante de tragedias familiares como la de doña Delfina son las que pudieran construir la confianza de la ciudadanía, no las promesas efímeras de campañas de candidatos de partidos políticos o independientes. Hagamos más y mejor uso de las acciones colectivas.