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Fin de conflicto y regreso del Informe

Pascal Beltrán del Río

Estamos a seis semanas de la instalación de la 64 Legislatura y de la entrega del sexto y último Informe del presidente Enrique Peña Nieto.

A partir del 1 de septiembre, las fuerzas políticas que ganaron la Presidencia de la República contarán con mayoría en las dos cámaras del Congreso de la Unión, algo que no sucedía desde 1997.

Tres meses después, el 1 de diciembre, tomará posesión el primer Presidente de la República, desde Ernesto Zedillo —es decir, por primera vez en cuatro sexenios—, ante una Sesión de Congreso General en la que los representantes de los partidos que lo llevaron al poder sean mayoría.

La ruptura del viejo presidencialismo —en la que el Ejecutivo tenía sometidos al resto de los Poderes— implicó la inauguración de una etapa de pluralismo en el Congreso y las gubernaturas de los estados, pero también una pérdida de autoridad del Ejecutivo.

Uno de sus efectos fue que la presencia del Presidente en San Lázaro, en la apertura del año legislativo, quedara proscrita en los hechos.

Incluso, fue modificado en 2008 el artículo 69 de la Constitución, que antes mandataba la asistencia del Ejecutivo para presentar su Informe.

La reforma quedó así: “En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país”.

El último mandatario que se paró en la tribuna de San Lázaro, un 1 de septiembre, fue Vicente Fox, para la presentación de su Quinto Informe, en 2005. Al año siguiente, Fox fue impedido de ingresar en el Salón de Sesiones, en medio de la polémica que suscitaron las elecciones de 2006.

Ese día, diputados y senadores del PRD y el PT tomaron la tribuna e impidieron que Fox se presentara en ella. Ante este hecho, el mandatario, que aguardaba en el lobby del recinto, se limitó a entregar su Informe escrito a la Secretaría General de la Cámara de Diputados.   

Fox pronunció entonces las últimas palabras que se han escuchado de un Presidente en San Lázaro en casi 12 años: “Ante la actitud de un grupo de legisladores que hace imposible la lectura del mensaje que he preparado para esta ocasión, me retiro”.

Me parece que sería tiempo de terminar con este estado de cosas. Algunos comentaristas han dicho que las elecciones del pasado 1 de julio representaron el cerrojazo del conflicto político iniciado en 2006. Justo por ello, el Presidente de la República debería volver a San Lázaro el próximo 1 de septiembre.

No soy constitucionalista y no sé si el texto del artículo 69 aprobado en 2008 hace imposible esa presencia (dicen que la autoridad sólo puede hacer aquello que la ley le ordena de forma expresa). Sin embargo, si fuera el caso, el Congreso podría invitar al Presidente a hablar ante los legisladores.

Quiero insistir en la propuesta que hice en este espacio hace algunos días: Sería una buena señal de institucionalidad y replanteamiento de la figura presidencial que el Ejecutivo vuelva el 1 de septiembre a San Lázaro para leer el mensaje de su Informe, como no lo ha hecho desde hace 13 años.

Recobremos el sentido original de la presencia del Presidente de la República ante la Sesión de Congreso General con que se abre el año legislativo.

Ésta se desvirtuó durante los años del autoritarismo posrevolucionario, convirtiendo esa fecha en un día para ensalzar hasta la ignominia la figura presidencial.

Sin embargo, el propósito republicano de dicho acto es que el Ejecutivo reconozca que la soberanía de la nación reside en el Congreso de la Unión y, ante ella, rinda cuentas de sus acciones al frente del gobierno. Si hemos de inaugurar una nueva etapa del presidencialismo, en que la voluntad de un solo hombre quede desterrada como única guía de la sociedad, sería bueno que el próximo 1 de septiembre vuelva el Ejecutivo a San Lázaro.

Que allí rinda su último Informe el presidente Enrique Peña Nieto y que asista a la Sesión, como invitado, Andrés Manuel López Obrador, que para entonces, es muy probable, ya será formalmente Presidente electo. Y que el 1 de septiembre de 2019 rinda López Obrador en San Lázaro su Informe y así ocurra sucesivamente en los años por venir.

Y que los legisladores escuchen con respeto las palabras del Presidente de la República —se llame como se llame—, así no coincidan con ellas, y que tengan un espacio, previo o posterior a la lectura del Informe, para fijar su posición.

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