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Gobierno se atrinchera…


Mientras la fecha de los cambios se alarga, abordamos este tema en torno a la FEPADE.
Indudablemente que la destitución de Santiago Nieto, obedece a un proceso para atrincherarse, el gobierno federal no quiere dejar ningún frente abierto.
Es natural que a ocho meses de las elecciones del año entrante el gobierno y las fuerzas políticas lean todo en código electoral, sobre todo porque como sabemos bien éstas serán contiendas tensas y muy reñidas, en las que no sólo se juega la permanencia del PRI en el poder presidencial, sino la supervivencia de algunos como los interlocutores centrales del escenario político. Lo que resulta muy preocupante, en este contexto, es que en las últimas semanas, en razón de su obsesión por mantener el poder, el gobierno haya optado por atrincherarse, por encerrarse en su torre de poder para adoptar una posición de defensa en contra del ‘enemigo’, rechazando cualquier posición crítica interna y reforzando su alianza con poderes fácticos, incluso en detrimento de derechos fundamentales, como el derecho a la información.
Cuando un gobierno se repliega a sus trincheras es señal de que su legitimidad está mermada, que enfrenta una pérdida de autoridad, lo que es consecuencia de que el poder ha quedado despojado de las virtudes esenciales de la política, que son las de convencer a la población a favor de sus propuestas con argumentos sólidos y fundamentados. En cambio, un gobierno atrincherado recurre a la imposición, echa mano de su fuerza punitiva para limitar espacios de actuación que, en otros contextos, habrían sido no sólo bien acogidos, sino alentados.
La muy desaseada remoción del fiscal especial para delitos electorales, que ni siquiera se tomó la molestia de cumplir con la formalidad de la ratificación del Senado, es un nítido ejemplo de lo anterior. En aras de frenar y de desvirtuar las investigaciones por delitos electorales derivados de actos de corrupción que había iniciado la Fepade en contra de exfuncionarios estatales, y sobre todo del gobierno federal, se optó no sólo por descabezar a la Fiscalía, sino por perseguir penalmente a su titular, hoy cesado.
El propio discurso presidencial es reflejo de esta postura. Peña Nieto no sólo ha dado rienda suelta a un lenguaje que, bajo el disfraz de popular y sincero ha caído en la grosería que es impropia para su investidura, sino que ha decidido rendir la plaza. Al proponer aplazar para después de las elecciones de julio de 2018 el nombramiento del fiscal general, que es la figura más importante para darle forma a nuestro mermado Estado de Derecho, el presidente se reconoció incapaz para liderar una negociación con las demás fuerzas políticas, siendo que ya está muy decantado el debate sobre las atribuciones y la estructura que debe tener dicho órgano encargado de impartir justicia en nuestro país. Por supuesto que la discusión no es fácil, pero todos esperaríamos que el jefe del Estado condujera la deliberación al respecto.
La actitud defensiva del gobierno también se evidenció respecto del derecho a la información. La reciente reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, que fue denunciada por la sociedad civil desde que estaba discutiéndose en comisiones, favorece los intereses de los concesionarios privados y atenta en contra del derecho de las audiencias, a la vez que merma las facultades regulatorias del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Al derogar el artículo 256, párrafo III de la LFT que obligaba a los concesionarios a “que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta”, abre la puerta para que se inserten comentarios o análisis que fueron contratados por un anunciante, sin que ello se manifieste con claridad, con lo cual se miente o se confunde al público, facilitando la publicidad encubierta, o la propaganda engañosa. La reforma debilita también al órgano regulador, el IFT, que desde la reforma constitucional de 2013 tenía facultades para regular el derecho de las audiencias y para emitir políticas y lineamientos, que ahora pasarán a manos de los propios concesionarios.
Puede argumentarse que la reforma fue obra de los legisladores y no del gobierno, pero su aprobación en el Senado sólo fue posible por una alianza amplia del gobierno con los intereses de los concesionarios. Pretender que lo que la reforma reivindica es la libertad de expresión -por cierto, sólo de los concesionarios- es olvidar que, como bien dijera la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias, al defender el derecho de las audiencias, se defiende la dimensión social de la libertad de expresión.
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