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#InclusiónNoSoloPensión

En México viven 7.7 millones de personas con alguna limitación motriz, visual y auditiva que necesitan tener garantizados sus derechos a la alimentación, vivienda, educación, salud, empleo, recreación y trato digno.

El Senado de la República ratificó el 27 de septiembre de 2007 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, en vigor en México a partir de mayo 2008, que establece la protección y aseguramiento de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad, que derivó en una reforma a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en 2011, y se incorporó de manera importante dentro del Plan Nacional de Desarrollo en el sexenio anterior. El Consejo Nacional para el Desarrollo y La Inclusión de Personas con Discapacidad (Conadis) es el órgano oficialmente encargado de la atención a este grupo de población, como mandata la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por México en 2008.

El pasado viernes un contingente de representantes de al menos 5 organizaciones de discapacitados, entre ellas del colectivo La Discapacidad nos une, se manifestaron en la Ciudad de México marchando  del Ángel de la Independencia hacia Palacio Nacional para entregar un oficio donde piden la creación de un Registro Nacional de Personas con Discapacidad; representatividad en el gobierno; consulta y participación transversal, y transparencia para el programa de pensiones. Desde hace semanas diversos colectivos se han movilizado para exigir al Gobierno federal que se nombre al titular del organismo, cargo que está vacante desde hace más de tres meses.

Al término de la marcha un grupo se reunió con funcionarios de la Secretaría de Bienestar, ahí, uno de los asesores de la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, les confirmó que el Conadis “ya es inviable”.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) alertó que desaparecer el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), como plantearon funcionarios del gobierno el viernes a colectivos, “generaría una afectación directa a los derechos de las personas con discapacidad”.

El pasado 6 de marzo la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) también hizo un llamado al gobierno de México para que revise y fortalezca el Conadis, y nombre a su próximo titular, con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

En su conferencia mañanera del 18 de febrero, el presidente López Obrador dijo que organismos como Conadis son “una simulación y son innecesarios”.

El combate que el Gobierno federal ha iniciado en contra de la corrupción lo ha llevado a radicalizar su postura y con esto a llevarse entre las patas a las guarderías, los refugios para mujeres y menores maltratados, organizaciones de la sociedad civil, organismos autónomos y consejos como el Conadis, pretendiendo reemplazar todo esto con apoyos directos a los beneficiarios. Pero en el tema de la discapacidad una simple beca resulta insuficiente. Asimismo el universo de beneficiarios, de acuerdo a cifras oficiales sería de poco más de un millón, siendo que de acuerdo a sondeos y diversos estudios en México existe un padrón de casi 8 millones de personas con algún tipo de discapacidad.

Por otro lado, se sigue quedando fuera el tema de la inclusión. El únicamente dar una pensión será solo un paliativo. Pero esto no provocará la implementación de políticas públicas transversales, holísticas que contemplen, entre otras cosas, la educación inclusiva o ciudades más accesibles para personas con discapacidad.

En el caso de particular de Durango, mencionar dos ejemplos para resaltar los pendientes y rezagos que se tienen en la materia. Nuestro estado junto a Jalisco, Nayarit y Aguascalientes fueron los únicos que no cooperaron en el Informe Especial sobre la situación que guardan las personas con discapacidad de los 32 entidades federativas del país, presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El otro, aun cuando nuestro estado fue de los primeros en promulgar  una Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, en el año del 2015, en la actualidad, la misma duerme el sueño de los justos. Es muy poco lo que se ha hecho en Durango respecto al tema del autismo.

Las personas con discapacidad son “invisibles” en México. La falta de un registro nacional de personas con discapacidad y de cifras oficiales por tipo de discapacidad hacen que este sector de la población no cuente con el apoyo ni la atención necesarios, tales como la planeación de políticas públicas de acuerdo con sus requerimientos específicos y una visión transversal por parte del Estado que permita su integración completa a la sociedad.

No basta sólo una pensión, las personas con discapacidad demandan inclusión.

ladoscuro73@yahoo.com.mx

@ferramirezguz

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