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Involución de la democracia

José Buendía Hegewisch

Las elecciones 2017 en Coahuila y el Edomex parecen escribirse con una técnica narrativa de flash back que intercala la acción con un tiempo anterior. Aunque siempre ha faltado lealtad de partidos y candidatos con las reglas de juego, las denuncias de fraude de la oposición y el conflicto postelectoral recuperan viejos tiempos de la llamada época de “concertacesiones” de los 90, cuando los resultados se negociaban políticamente fuera de las urnas. Esa sensación del regreso a experiencias ya vividas, revela, al menos, el temor de involución de la democracia por la suma de corrupción de viejas prácticas y nuevas mañas.
La desconfianza crece en la medida del riesgo de que 2018 siga el mismo guión con las evidentes limitaciones del sistema electoral para superar la cultura del fraude en los estados y procesar resultados cerrados, sobre todo cuando repite el partido en el poder. La estadística muestra que desde 2015, de los 21 gobiernos que se han renovado en relativa paz y tranquilidad, en 13 hubo alternancia y en otros ocho continuó el mismo partido, salvo el caso de la anulación de Colima. Los datos hablan de cierta normalidad democrática, pero contrasta con la creciente denuncia de voto clientelar e inequidad por la intervención de los aparatos gubernamentales en las contiendas.
En Coahuila, la oposición se levantó de la mesa antes de que terminaran de contarse los votos para llevar al Tribunal Electoral la exigencia de anular los comicios por acusar fraude. Hay denuncias contra el gobierno priista de Rubén Moreira de recurrir a trampas de viejo cuño como alterar los votos en las urnas o en los paquetes electorales, para asegurar la continuidad del PRI. Mientras que el PAN en el Edomex denuncia una elección de Estado, y la oposición de Morena y el PRD, por separado, impugnarán los comicios. En ambas entidades la suma de votos de la oposición superó al partido en el gobierno, pero la fragmentación permitió al PRI revalidar el triunfo. ¿Se negociará la anulación o el triunfo del PAN en Coahuila por la paz priista en Edomex?
Se puede argumentar la división opositora para explicar la falta de alternancia a pesar de la voluntad mayoritaria de cambio. Pero ello no excluye el cuestionamiento de las condiciones de equidad para la formación, incluso, de exiguas minorías para retener el poder “haiga sido como haiga sido”. La corrupción de los gobiernos locales, como revela una docena de casos actuales, comienza en las elecciones, por la cantidad de recursos públicos y privados para movilizar votos. Los incentivos del sistema electoral están puestos en las maquinarias partidistas y operadores territoriales de mercados de votantes, que emplean grandes cantidades de recursos para ganar cargos de representación popular y así hacerse de recursos públicos. ¿Puede atribuirse al sistema electoral la desviación desde el origen de los gobiernos locales y luego al uso del aparato público para dejar un sucesor leal? No, pero lo hacen ver impotente para impedir la desviación de recursos públicos a las campañas, la coacción y compra de voluntades.
¿Pueden garantizarse elecciones limpias, sin contrapesos políticos en los estados? La reforma política de 2014 se impulsó para quitar el control a los gobernadores de las elecciones, pero poco ha servido para impedir la corrupción electoral que sostiene a las clientelas y votos corporativos. Ese esquema es más difícil de reproducir a nivel nacional por ser infinanciable. No así la intervención federal en procesos locales para mantener una plaza que movilice el voto en la siguiente elección.
El mayor costo de la corrupción electoral es que deja el gobierno en manos de caciques y operadores locales, interesados en ocupar espacios de poder para hacer negocios con los cargos públicos. Un flash back que cada día nos aleja más de una democracia que evolucione en mayor confianza y credibilidad hacia el gobierno. Ésa es la medida del retroceso.

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