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La Fiscalía General de la República

Raúl Contreras Bustamante

Los medios de comunicación han estado ocupándose del tema relativo al nombramiento del nuevo fiscal General de la República. Se ha filtrado la noticia de que existe un supuesto acuerdo —entre el Presidente saliente y el recién electo— para sacar adelante el proceso para elegir al nuevo representante del Ministerio Público de la Federación.
Ante tal noticia, conviene reflexionar acerca de lo que dispone nuestra Carta Magna al respecto. Veamos:
El 10 de febrero de 2014 fue publicada la reforma al artículo 102, inciso A constitucional que estableció la creación de este nuevo Órgano Constitucional Autónomo. Hoy —a más de 4 años de distancia— dicha institución sigue sin existir, debido a la falta de voluntad política del Congreso que ha postergado la emisión de su Ley Orgánica y el nombramiento del fiscal General.
Como el actual subprocurador General encargado del despacho cesará en sus funciones —el 30 de noviembre— al término del sexenio, existe la urgencia de hacer los preparativos para que el nuevo gobierno pueda iniciar sus actividades con el tema resuelto.
El artículo Décimo Sexto Transitorio de la reforma constitucional invocada, ordenó que la Fiscalía General —y su autonomía constitucional— deberá entrar en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión, mediante una declaratoria expresa, situación que no ha sucedido.
Existía otra disposición transitoria que disponía que el procurador que se encontrara en funciones al momento de expedirse dicha declaratoria quedaría designado en automático como fiscal General; pero hace unos días fue aprobada una nueva reforma que derogó esa posibilidad.
Luego entonces, si se desea proceder de manera correcta, primero deberá el Congreso aprobar la Ley Orgánica, hacer la declaratoria solemne de su instauración y como consecuencia, abrir el proceso para nombrar al fiscal.
El procedimiento previsto por la Constitución señala que el Senado de la República tendrá 20 días para elaborar una lista —con por lo menos 10 candidatos al cargo— aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes.
De dicha lista, el Presidente tendrá 10 días para devolver una terna al Senado, cuyos integrantes tendrán que comparecer y en un plazo no mayor de 10 días —con la votación de las dos terceras partes de los presentes— se deberá elegir al nuevo fiscal General de la República.
Por lo anterior, hablar de ternas de candidatos al cargo cuando aún no da inicio el procedimiento previsto por la Constitución genera dudas acerca de la verdadera autonomía que pueda llegar a tener la nueva Fiscalía.
La ciudadanía exige certeza y —sobre todo— la imparcialidad e independencia de quien ocupe la titularidad de la tan ansiada Fiscalía General.
El cambio planteado en la reforma constitucional radica en separar al Ministerio Público del Poder Ejecutivo y dotarlo de autonomía constitucional respecto de los tres poderes, para que goce de plenas facultades técnicas.
Esta institución tan trascendente para la vida de la nación, requiere de la prudencia de los actores para que su surgimiento esté exento de cualquier vicio que empañe su correcto funcionamiento.
Como Corolario, la frase del jurista francés, André Hauriou: “Se debe respetar a la Constitución, no sólo en su letra, sino también en su espíritu, es decir, en sus principios”.

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