MINUTO X MINUTO

La ley reglamentaria omitida


En la semana que acaba de pasar, nota que sirvió a la polémica en los mentideros, en pasillos y hasta en los sótanos de la política, fue la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Poder Legislativo para que emita la ley reglamentaria sobre los gastos de comunicación social del gobierno a más tardar el 30 de abril del 2018. En caso de no hacerlo, se podría ejercer la acción penal cuando menos contra los presidentes de ambas cámaras, o mínimamente ser destituidos.
La ley reglamentaria para el gasto de comunicación social del gobierno se aprobó en febrero del 2014, esto es, hace casi caso cuatro años, el tercer transitorio establece que la ley reglamentaria debería estar lista en abril de este año.
los señores diputados curiosamente dejaron pasar el tiempo y lo omitieron, ya que en la Cámara de Diputados en lugar de hacer su trabajo con profesionalismo, lo dedican a su deporte favorito, gritarse improperios, lo que debería ruborizarlos, y no buscar justificaciones y explicaciones desesperadas que más los hunden en el oprobio.
La asociación civil Artículo 19 se amparó contra la omisión y la Suprema Corte les otorgó el amparo y ordenó emitir la ley reglamentaria en cuestión.
Los gastos de comunicación social suelen ser altísimos, incluso, algunas veces estas áreas han jugado el papel de cajas chicas para que los gobiernos hagan gastos discrecionales sin que se rinda ninguna cuenta de ellos.
Las áreas de comunicación social del Gobierno Federal y de los estados, en su gran mayoría, son opacas, eluden hasta donde es posible la transparencia, si hay alguna instrucción del INAI se la pasan por el arco del triunfo, si hay sanciones las pagan o las mandan a volar, no pasa nada. De ahí la trascendencia de esta orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual es un precedente, pueden ampararse otros ciudadanos u organizaciones contra la falta de reglamentación de la Ley del gasto de comunicación social mientras no exista.
Los magistrados sostienen que: “La ausencia de esta regulación propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en materia de comunicación social”. Esto es fácilmente demostrable, la aplicación de los recursos para comunicación social sirve para acallar, corromper, establecer acuerdos perversos que inhiben la libertad de expresión establecida en la constitución y lesionan los derechos humanos de los mexicanos.
Los recursos destinados a comunicación social son simplemente escandalosos, se calcula en sesenta mil millones el gasto en el sexenio, y en los gobiernos de los estados en cerca de diez mil millones, es decir, con este cantidad de recursos se podrían hacer la reconstrucción completa causada por dos sismos como los que vivió gran parte del país el pasado mes de septiembre.
Pero no solo eso, los recursos de las áreas de comunicación social sirven para amenazar y reprimir, o bien crear, una tendencia favorable al gobierno, aunque esta tendencia se construya con falsedades. Los medios que intentan ser, o son críticos, simplemente se les quitan convenios y se les retira todo tipo de publicidad oficial. A los medios funcionales se les trata bien, se les consiente y apapacha.
A los trabajadores de la comunicación funcionales se les apoya, no para eventos culturales ni de superación profesional, tampoco para comprar equipos para realizar su trabajo, sino para que vivan con confort y no pocas veces para que presuman de influencias, lo cual hacen sin ningún pudor.
Hubo pocas reacciones de gobernantes y legisladores sobre este orden de la Suprema Corte, como que los diputados enmudecieron y mejor se dedicaron al “choteo” frívolo e irresponsable, o, a preparar su millonaria despedida de la legislatura, qué pena. O no.