La línea que divide la libertad de expresión y la intolerancia


La línea que divide la libertad de expresión y manifestación de la intolerancia, la discriminación, la segregación de las minorías y vulnerabilidad de los derechos humanos se ha hecho sumamente delgada en Durango, y en el país, en los días recientes. Lo anterior deja muy claro, una vez más, que la ley por la ley no cambia nada si no viene acompañada de educación. Las marchas homofóbicas que rondan el país son muestra de un retraso serio en educación sexual, psicológica y política en nuestro país.
Hasta este momento los grupos más conservadores de la sociedad, incluidas la iglesias, no han manifestado ni un sólo argumento por el cual la unión de las parejas del mismo sexo o la adopción sea nociva en nuestra sociedad. Por el contrario, estos grupos radicales han emitido una serie de falacias argumentativas que se desvanecen con increíble facilidad a la luz de la ciencia y las evidencias. Sin embargo, están en su total derecho de manifestar sus creencias e incluso su fe aún cuando éstas se sostengan en la ignorancia.
Hay al menos cuatro grupos de actores involucrados en este tema: la Iglesia católica; los ciudadanos en contra de la legalización del matrimonio igualitario, bastantes de ellos miembros de algún grupo ultra conservador con marcados tintes religiosos; los legisladores y el resto de servidores públicos que pueden influir en la aprobación o no del matrimonio igualitario, y; finalmente, los ciudadanos en favor de la legalización del matrimonio igualitario dentro de los cuales se encuentra desde luego la comunidad LGBT. Respecto a esos cuatro actores generales hay algunas cuestiones que es conveniente mencionar.
En primer lugar, la Iglesia católica no debería, bajo ninguna circunstancia, formar parte activa de este debate más allá de los muros de sus iglesias. La Iglesia ejerce su poder nefasto de control y manipulación sobre los legisladores porque el Estado le ha permitido en reiteradas ocasiones tomar un papel que no tiene lugar en un Estado laico y que lejos de beneficiar entorpece el debate llevándolo al grado de lo irracional. A la Iglesia católica hay que recordarle enérgicamente que tiene asuntos de mayor importancia que atender como los tantísimos casos de abuso de menores cometidos por varios de sus miembros o los escándalos financieros en el vaticano o la perdida cada vez mayor de “fieles” alrededor del mundo. Esos temas le conciernen mayormente. Las cuestiones legislativas deben dejarlas de lado porque la ley no se discute en nuestro país en torno a los preceptos de la fe ni en torno a las falacias argumentativas que en reiteradas ocasiones utilizan varios sacerdotes para persuadir y manipular a los creyentes. A la Iglesia católica hay que exigirle con firmeza inquebrantable justicia para los niños abusados por padres pederastas, realidad lamentable que bebería bastar para que la iglesia católica deje de “preocuparse” por los niños que posiblemente puedan ser adoptados por matrimonios igualitarios, porque ha quedado muy en claro que la Iglesia católica no es autoridad en la defensa de los derechos de los niños.
En segundo lugar, a esos que se oponen a la legalización hace falta invitarlos a la reflexión, al acercamiento a la ciencia y la academia; invitarlos a no ser un hombre blanco manifestándose en contra de la igualdad de derechos entre blancos y afroamericanos en Estados Unidos en las décadas de los cincuenta y sesenta; invitarlos a no ser un alemán manifestándose en contra de los judíos durante la segunda guerra mundial, invitarlos a no ser un hombre en contra de que las mujeres puedan votar en la década de los cincuenta en México; es decir, invitarlos a la tolerancia, al entendimiento y al diálogo. Hace falta mostrarles lo mucho que la humanidad le debe a hombres y mujeres no heterosexuales, como al padre de la computación, Alan Turing, o al magnífico cantante Freddie Mercury del que prácticamente todo el mundo puede corear una de sus canciones. Y es necesario también decirles que independientemente de sus ideas, se respeta plenamente su derecho a manifestarse y a expresarse; pero, que se esperaría de ellos una participación más congruente. Se esperaría verlos en las calles manifestándose contra el maltrato infantil, contra la pobreza extrema en la que viven cientos de familias en México, contra las adicciones, contra la violencia intrafamiliar y todas esas otras realidades lamentables que dañan el núcleo familiar e incluso lo destruyen.
En tercer lugar, es de suma importancia que los legisladores no se dejen intimidar por la Iglesia, que visualicen ampliamente este asunto que, entre muchas cosas, se trata de una lucha ya antigua emprendida por la comunidad LGBT en favor de los derechos humanos y la no discriminación. Es lamentable que en Durango haya legisladores que hasta se amparen en el diccionario para seudoargumentar que la familia sólo puede ser de hombre y mujer. La ley trasciende diccionarios y abarca hasta los tratados internacionales que ha suscrito este país y que priorizan los derechos sexuales, el derecho a la familia, la igualdad ante la ley y el respeto por las minorías.
Finalmente, a la comunidad LGBT hay que reconocerle su valor y esfuerzo por impulsar cambios positivos en la legislación y en la sociedad en general, por dar un ejemplo de tolerancia y respeto. Y también, recordarles que aunque en las marchas antilegalización haya muchos, hay muchos más que los apoyan.