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La seguridad en la toma de posesión

Pascal Beltrán del Río

Guatemalófilo que soy —quizá acabo de inventar la palabra, pero usted me entiende—, me dio mucho gusto que el primer mandatario extranjero en reunirse con el Presidente electo de México haya sido Jimmy Morales.

Muchas cosas nos unen históricamente con el vecino del sur. Y muchos temas de la agenda bilateral requerirán atención en los próximos años.

La reunión entre Andrés Manuel López Obrador y el Presidente de Guatemala se llevó a cabo el 28 de agosto, en Tuxtla Gutiérrez.

Atestiguaron el encuentro el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco —hoy envuelto en un escándalo político—, así como la canciller guatemalteca Sandra Jovel y el futuro secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard.

La seguridad de la reunión estuvo a cargo de una docena de elementos de la Séptima Sección del Estado Mayor Presidencial, que está dedicada, según el Reglamento del EMP, a la protección de personas.

La presencia de estos elementos llamó la atención porque López Obrador hizo una de sus principales promesas de campaña: la disolución del EMP y la reinserción de su personal en la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por supuesto, no se puede considerar la presencia de los elementos del EMP en Tuxtla Gutiérrez como un incumplimiento de la promesa de López Obrador, pues hasta el 30 de noviembre el Presidente es Enrique Peña Nieto y la seguridad de un mandatario extranjero en territorio nacional depende del gobierno mexicano.

Sin embargo, sí genera la duda de qué sucederá con los dignatarios que visiten México del 1 de diciembre en adelante. ¿Quién cuidará de su seguridad?

El 9 de agosto, durante una conferencia con motivo de su segunda reunión con Peña Nieto en Palacio Nacional —primera como Presidente electo—, López Obrador reiteró que no hará uso del EMP para su seguridad personal y que éste será disuelto. En su lugar, dijo, se creará una ayudantía integrada por 20 personas no armadas.

Dicho cuerpo de seguridad, añadió, estará a cargo del empresario Daniel Asaf Manjarrez y deberá estar listo el 16 de septiembre, fecha en que el Presidente electo iniciará una gira por el país.

Lo que no se ha informado hasta ahora es quién se hará cargo de la seguridad de los jefes de Estado y gobierno que la próxima administración federal ha invitado a la toma de posesión.

Eso pone al país ante una situación inédita. A juzgar por declaraciones públicas y reuniones con embajadores, el nuevo gobierno está haciendo un esfuerzo para traer a un gran número de mandatarios extranjeros a la ceremonia del 1 de diciembre.

Se ha dicho que los líderes de unas 120 naciones han recibido ya una invitación a la toma de posesión. “No se discriminará a país alguno”, ha dicho Ebrard.

Es posible, pues, que el nuevo gobierno esté apuntando a superar el número de jefes de Estado y gobierno que han venido a México en ocasiones anteriores.

Por mencionar algunos casos, 23 mandatarios estuvieron en la toma de posesión del presidente Carlos Salinas de Gortari en 1988; 17 en la de Vicente Fox en 2000, y 13 en la de Peña Nieto en 2012.

De acuerdo con la información publicada en Excélsior por Vanessa Alemán, parte de la agenda legislativa de Morena de aquí a noviembre tiene que ver con la incorporación del EMP a la Sedena.

Es decir, la bancada mayoritaria pretende disolver el EMP antes de que López Obrador asuma la Presidencia.

Ejemplos recientes —como el acuchillamiento del candidato presidencial brasileño Jair Bolsonaro y la violencia porril en la UNAM— nos muestran los peligros de tomar a la ligera la seguridad.

Por supuesto, tener una guardia no es garantía de que nada pasará, como bien sabemos. Pero no entiendo cómo iba sin seguridad Bolsonaro y tampoco cómo, por un supuesto respeto a la autonomía universitaria, no hay mayor seguridad en CU.

Aquí la pregunta es cómo tomarán los jefes de Estado y gobierno invitados a la toma de posesión de AMLO la desaparición del EMP —una institución con gran prestigio a nivel mundial— en el contexto de la violencia criminal prevaleciente en México.

¿Los invitados declinarán venir por no compartir la visión de las nuevas autoridades mexicanas sobre la protección de los funcionarios públicos?

¿Se les permitirá traer su propio cuerpo de seguridad en número suficiente? ¿O se seguirá recurriendo a elementos militares mexicanos aunque ya no se les llame Estado Mayor Presidencial?

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