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Las encrucijadas del proceso de Rosario Robles

José Buendía Hegewisch 

El caso de Rosario Robles sienta en el banquillo al Poder Judicial. Si es la primera y más contundente acción del gobierno contra la corrupción, el papel de la judicatura es capital para convencer de que no hay consigna como en otros casos sexenales de escarmiento político a personajes emblemáticos. Sin embargo, la actuación del juez que abrió el proceso y encarceló genera dudas por el riesgo de actuación parcial. Las controversias del proceso pueden ser el parachoques de las acusaciones contra ella por la Estafa Maestra del pasado sexenio y cuyas tramas se extienden hasta Peña Nieto.

Esta investigación es una prueba para el Poder Judicial, obligado a cuidar el proceso para evitar dudas sobre la aplicación de la justicia a la funcionaria detenida de mayor rango del gobierno anterior. Para Peña Nieto fue una mancha en todo su sexenio por la inacción de su gobierno ante las denuncias de una gran red de corrupción. Ahora la credibilidad del golpe contra la impunidad descansa en la pulcritud de la judicatura, ya que como ha sucedido en otros casos, la impartición de Justicia podría verse truncada por falta de garantías en los procedimientos legales para juzgarla y el respeto a la presunción de inocencia.

En efecto, la mejor defensa de Robles hoy parece estar en impugnar la pertinencia y legalidad de las decisiones del juez frente a cargos y testimonios que tiene en su contra como responsable del delito grave de ejercicio indebido del cargo por la desviación de recursos de más de 5,000 millones de pesos. La acusación parece sólida con testigos de su propio equipo, como su exoficial mayor, Emilio Zebadúa, señalado dentro de la red de corrupción que involucra a 11 dependencias federales, 8 universidades y más de 50 empresas fantasma. Por eso la atención se centra en la judicatura y la zaga de casos que han acabado en la liberación de los acusados por fallas en los procedimientos, como el de Florence Cassez. La defensa pedirá la remoción del juez por posible conflicto de interés al tratarse de un sobrino de la diputada de Morena Dolores Padierna, quien tiene viejas cuentas con Robles por culparla del encarcelamiento de su marido, René Bejarano, por un escándalo de sobornos del empresario Carlos Ahumada en 2004. Por si no fuera necesario invocar temores conspiratorios, Ahumada fue también detenido en Buenos Aires por una acusación de defraudación fiscal unos días después que su expareja sentimental, Robles.

El tufo de venganza que despide la asignación del caso al juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna es el clavo ardiente de su defensa, aunque lo recibió por sorteo y no será quien la juzgue y sentencia. Pero no se puede perder de vista que la Estafa Maestra se ha convertido en el juicio a todo el sexenio de Peña Nieto, dado que las tramas apuntan al propio exmandatario y otros miembros de su gabinete.

El manejo político del caso no haría sino abonar en la sospecha de un pacto de impunidad con el gobierno anterior por la aplicación selectiva de la Justicia.

A pesar del “borrón y cuenta nueva” de López Obrador, el caso Robles ha metido al gobierno en una encrucijada, que revelará su conducta frente a su promesa anticorrupción. La Estafa Maestra abre la oportunidad de atacar el modus operandi de las redes de corrupción más allá de la personalización de la responsabilidad en Robles. La actuación judicial o la falta de atención de la FGR en las condiciones de imparcialidad del proceso pueden convertir la promesa contra la impunidad en ocasión para hacer daño a adversarios políticos o proteger a otros, justo en la línea de la construcción de esas tramas al interior de las instituciones.

La detención de Robles ha sido bien recibida en la opinión pública, pero basta recordar el desenlace de golpes judiciales contra personajes políticos en otros sexenios para saber que la fórmula parece agotada ante la alarma social por la corrupción. Es la oportunidad de que el Poder Judicial convenza de su política de “cero tolerancia” contra ella.

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