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De legisladores, leyes y fracasos


Uno de los principales obstáculos para el desarrollo en todos los aspectos son las leyes y en consecuencia, la doctrina legislativa anticuada e infuncional que se sigue utilizando en las cámaras federales y en las legislaturas estatales; la visión del legislador mexicano ha estado sujeta a conservar un sistema de leyes rígido de aplicación flexible, la cual es compartida por otros países que también están estancados en su desarrollo y que enfrentan una problemática económica, social y de Derechos Humanos cada vez más compleja.
Desde el Código de Cádiz y a través de la evolución de las constituciones mexicanas se evidencian los prejuicios sociales, religiosos y culturales de cada época, una rara combinación entre una perspectiva idealista e ingenua de lo que “debe ser” la sociedad y elementos moralistas y prejuiciosos bastante contradictorios con la realidad.
Lo peor que le pudo haber pasado al sistema legislativo fue la aparición de Internet, porque se empezaron a tomar leyes que son funcionales en otros contextos culturales, sociales y económicos, las cuales se adaptan y se promueven como ideas propias, circunstancia que provoca una tendencia a saturar los congresos de iniciativas socialmente inútiles.
Los legisladores mexicanos no se destacan por tener una perspectiva clara de la importancia de las leyes en el éxito o el fracaso de una nación, y es entendible, ya que buena parte de ellos ni siquiera comprende los alcances de los asuntos que debaten y aprueban o desaprueban.
En los últimos años en todo México se empezó a medir la productividad legislativa, en función, de cuál es el grupo parlamentario que promueve más iniciativas de ley, aunque estas terminen convirtiéndose en un lastre y no en un factor que impulse a los ciudadanos a avanzar; es decir, se da prioridad a la cantidad y no a la calidad.
La infuncionalidad y las limitaciones que tiene el país en muchos ámbitos estratégicos se deben a leyes improvisadas y descontextualizadas con la realidad nacional, hay leyes plagiadas, incluso de los países del norte de Europa, formas de vida totalmente distintas a la nuestra, en las que las libertades, los bienes ajenos y los derechos de las personas son intocables para las autoridades y los ciudadanos; la incongruencia es descomunal.
Es urgente que cambie la visión legislativa mexicana, ya que si a nivel federal las carencias que se tienen nos ubican con varias décadas de retraso, a nivel estatal las condiciones son aún más alarmantes, porque los prejuicios y la ignorancia de muchos legisladores son más recurrentes, ya que en la mayoría de los casos las legislaciones de los estados conservan una perspectiva de mediados del siglo pasado, con parches caóticos de leyes tomadas de aquí y de allá; siendo, sin duda, la legislación más progresista del país la de la Ciudad de México.
Baste como ejemplo uno de los muchos tabús legislativos, como lo es el tema de los derechos de diversidad que sigue asustando a los diputados, al grado tal, que en los debates algunos de ellos utilizan argumentos religiosos y morales, cuando deben centrarse en los derechos y obligaciones de los ciudadanos, nada más; es tan retardataria la mentalidad, que la resistencia a aceptar la nueva realidad social y crear leyes a partir de ella, ha llevado a las legislaturas de varios estados, entre estas la de Durango, a votar en contra de los matrimonios de personas del mismo sexo, aunque las convenciones internacionales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideran que es un derecho que todos pueden ejercer libremente.
Los legisladores siguen sin comprender, porque además no tienen porqué hacerlo, ya que eso se aprende en las facultades de derecho, que su papel no es otorgar derechos, sino simplemente reconocerlos, más allá de sus prejuicios formativos y sus limitaciones para interpretar las nuevas dinámicas sociales del mundo y del país.
El sistema institucional está colapsado y dista mucho de ser socialmente útil porque las leyes en que se fundamenta están diseñadas para una realidad ya superada por el tiempo, es por eso que no existe en el país ninguna institución ejemplar en cuanto a los resultados que obtiene, la mediocridad y los avances parciales se han convertido en parte de la normalidad en un contexto social en el que cada vez hay menos opciones y oportunidades.
Los éxitos o fracasos siempre estarán condicionados a la buena o mala calidad del sistema legislativo y mientras se sigan improvisando legisladores difícilmente se podrá lograr un ordenamiento de las leyes para que prevalezcan las que contribuyen al progreso y desaparezcan las que obstaculizan los esfuerzos de la gente y la eficacia de las instituciones, es por esto que los partidos políticos deben asumir una mayor responsabilidad social cuando elijan a sus candidatos, porque en muchos de los casos se corre el riesgo de que ganen la elección y se conviertan en diputados o senadores.

@ernestoescobosa