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Los nuevos mecanismos de vigilancia…

Observatorio-Ciudadano

Una vez que ha sido aprobado el Sistema Nacional Anticorrupción en el Senado después de su aprobación en la Cámara de Diputados, corresponde ahora a los Congresos de los estados procesar el trámite de aprobación para que esta reforma tan importante y necesaria entre en vigor.
Este nuevo ordenamiento se suma a la recién aprobada Ley General de Transparencia, dos instrumentos jurídicos con que cuentan los tres niveles de gobierno y de manera especial, debemos subrayarlo, constituyen dos herramientas ciudadanas que permitan mantener una estrecha vigilancia en el manejo de los recursos públicos, instrumentos que permitirán construir un mayor grado de confianza en las instituciones y la gestión de los servidores públicos.
En su momento podremos resumir las bondades de las mismas y como siempre, ya se habla que son insuficientes pero es un enorme paso que se ha dado.
Además, debemos subrayar que el principal instrumento de control del gobierno en las democracias contemporáneas se encuentra en el eficaz control del presupuesto. Y que:
1.En democracia las visiones patrimonialistas del poder no solo son ilegales, sino ilegítimas ética y políticamente hablando; es decir, los cargos públicos tienen como único objetivo instrumentar políticas y hacer cumplir un marco jurídico orientado a la garantía plena de los derechos humanos, tal y como lo establece nuestra Constitución.
2. La rendición de cuentas y la transparencia no solo están referidas a la revisión constante de la honestidad en el manejo de los recursos de la ciudadanía; sino también al diálogo público permanente en torno a la lógica de la toma de decisiones desde el poder público.
3. Toda la información relativa al gobierno, y en lo particular al presupuesto, es patrimonio público, por lo que la clasificación de “reserva”; “seguridad nacional” y otras categorías similares están circunscritas a ámbitos sumamente reducidos y acordados democráticamente en el Congreso.
Al ser esto así, lo que debe comprenderse en nuestro país es que urge fortalecer a todas las instituciones que permiten ejercitar, siempre bajo los principios de máxima apertura y máxima publicidad, el mayor control y vigilancia posibles en torno al presupuesto, desde su diseño, hasta su ejercicio en todos los niveles y órdenes del gobierno.
Como lo apuntamos arriba ambas reformas: el Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Transparencia de alguna forma “cierran la pinza” para fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en dos sentidos: el primero: dotarla de mayores capacidades para la revisión, auditoría y evaluación de las políticas públicas; y el segundo: lograr que sus recomendaciones se vuelvan vinculantes para todas las instancias que reciben y aplican recursos públicos.
Lo anterior significa que las implicaciones de los resultados de la ASF no pueden continuar quedándose en denuncias ante el Ministerio Público. Esto, porque si la corrupción es un asunto generalizado; pero también lo es la ineficacia gubernamental; las evaluaciones del gobierno y la revisión del ejercicio del dinero aplicado en las políticas públicas, debería derivar en una obligación indeclinable de los poderes públicos para modificar sus acciones.
También lo que debería ocurrir es que, con base en las evaluaciones del Coneval y la revisión de la cuenta pública de la ASF, cada dos años debería llevarse a cabo un “corte de caja” y revisar si las políticas públicas están dando resultados, y de no ser así, en tanto que no contamos con mecanismos como la revocación del mandato, los gobiernos deberían estar obligados, al menos, a dejar de hacer lo que están haciendo mal, y replantear los programas, estrategias y políticas que se están implementando.
Lo anterior es urgente porque, de continuar por la ruta que vamos, en el mejor de los casos se llevará ante la justicia a funcionarios corruptos cuando se trate de casos de peculado; empero, ante la evidencia de políticas ineficaces y de programas públicos carentes de pertinencia, lo que tenemos ahora es la parálisis y la imposibilidad de exigir un cambio de ruta.
El cambio en el modelo de desarrollo implica una transformación profunda de la forma en cómo se hace política en nuestro país; es decir, en cómo se articulan las reglas del diálogo político y los mecanismos institucionales para la generación de consensos y toma de decisiones de gobierno y presupuestales.
Todo esto implica nada menos que una transformación en la mentalidad de la clase política para aceptar que, una de las reglas de oro de la democracia consiste en el manejo de las arcas públicas solo a través de “cajas transparentes”, tanto en su ejercicio, como en la eficacia de su aplicación.
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