Loading

Madruguete en Baja California

Al final de cuentas, de todos los sucesos que ocurrieron el pasado martes 9 de julio (captura de Juan Collado, renuncia de Carlos Urzúa), todo hace suponer que fueron elementos distractores, bombas de humo o cajas chinas de un tema más delicado: la reforma legal para extender de dos a cinco años la gestión del próximo gobernador de Baja California.

Con el pretexto de evitar una carga a las finanzas públicas y al desarrollo económico de Baja California, el Congreso de aquel estado (Con 21 votos a favor y 1 voto anulado, de mayoría panista), aprobó ampliar el periodo de gobierno para la gestión de Jaime Bonilla, emanado de la coalición Juntos Haremos Historia, encabezada por Morena. De acuerdo con la iniciativa, presentada por el diputado morenista Víctor Manuel Morán, se planteó la ampliación de 2 a 5 años del periodo de Gobierno estatal.

En otras palabras, los diputados de Baja California decidieron, de golpe y porrazo, modificar el período de Jaime Bonilla de dos a cinco años, violentando con esto la decisión de miles de ciudadanos de aquella entidad de salir a votar por un gobernador de dos años. La elección de Bonilla fue por dos años debido a que en septiembre de 2014 el Congreso de BC acordó ese periodo para que en 2021 la elección estatal sea concurrente con la federal. Candidatos y ciudadanos sabían que la votación del 2 de junio sería para elegir a un gobernador de dos años.

En nuestro país, los mandatos de gobiernos se establecen previamente en las normas o legislación electoral dadas a conocer con antelación, y bajo ese supuesto la gente acude a votar, por lo que alterarlos “retroactivamente” es ilegal y antidemocrático.

El acto anticonstitucional, porque que no se puede aprobar posteriormente algo que modifique una circunstancia anterior; pone de manifiesto una postura antidemocrática y un acto a todas luces inmoral, políticamente hablando, perpetrado por el partido oficial, MORENA, en contubernio con el PAN. Esto a pesar de las declaraciones del presidente nacional blanquiazul, Marko Cortés, en el sentido que se expulsaría a los 9 legisladores panistas que votaron por el sí.

En la misma sesión, los diputados designaron a Carlos Montejo como Auditor Superior de Baja California. Será el encargado de revisar las cuentas del gobierno saliente que encabeza Kiko Vega, a pesar de que ha formado parte de esa administración. Numerosos comentaristas han sugerido que ese gobernador panista estuvo de acuerdo con la modificación constitucional a cambio del nombramiento del Auditor “carnal”. Algunos trascendidos en medios locales hablan que los legisladores que aprobaron esa modificación habrían sido “maiceados” con hasta un millón de dólares cada uno.

El presidente López Obrador ha dicho que está en contra del tema de la reelección. Lo cierto que con su inacción ante este suceso, avalan él y su partido el abuso cometido a favor de Bonilla. De concretarse esta situación estaríamos a expensas de que cualquier gobernador que quisiera prolongar su mandato, lo puede hacer.

Un tema recurrente en el discurso de AMLO es el que tiene que ver con la revocación de mandato al tercer año de su Administración. Muchos lo ven como la posibilidad que tendría él de aparecer en las boletas electorales justo antes de las elecciones federales intermedias con las que se renovaría el Congreso de la Unión.

Amagar con un eventual referéndum de revocación de mandato, aunado al sainete de Baja California no debería sino el de encender las luces de precaución ante un posible amago reeleccionista.

Entre tanto, sigamos hablando de la renuncia de Urzúa, de la captura de Juan Collado. Ah, y del pleito de Alejandra Guzmán y Frida Sofía, su hija.

ladoscuro73@yahoo.com.mx

@ferramirezguz

Comenta con Facebook