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Momento de evaluar

Dice la publicidad del segundo informe de Enrique Peña Nieto que “México está en movimiento” y la justificación de esa frase está en la expectativa que se ha generado para el futuro inmediato y desde luego en la serie de ajustes que se hacen en distintas áreas de actividad para ajustarse a los cambios a partir de las reformas.
Para algunos, lo más visible de ese movimiento es el que traen los políticos y sus partidos, para sacarle el máximo provecho a las nuevas condiciones de la competencia electoral. Nuevos partidos, riesgo de que otros desaparezcan, posibilidad de reelegirse en ciertos cargos en elecciones posteriores, y detalles de ese tipo.
Otros esperamos con verdadero interés que se hagan efectivos los cambios prometidos en la reforma educativa; que de verdad sean solo profesionistas capaces los que estén al frente de los grupos en las escuelas y, que los que no tengan el perfil, sean puestos en otras funciones. Sin la mafiosa protección de las organizaciones sindicales.
Evidente el movimiento que traen las empresas de telecomunicaciones, para conservar o ampliar sus privilegios y ganancias; mientras los ciudadanos esperamos el momento en que la telefonía cueste lo justo, es decir mucho menos de lo que ahora se cobra, que la radio y la televisión tengan verdadera competencia y calidad y que la internet esté al alcance de todos en todos los lugares.
Y movimiento también el que genera la reforma energética, entre quienes se dedican o quieren dedicarse a actividades en las que puedan sacar ganancia de las nuevas condiciones. Dicen que son once reformas que merecen el adjetivo de estructurales, algunas más amplias, otras más complejas, unas mejor aceptadas y otras muy confusas.
El presidente Peña Nieto tendrá que responder por los resultados de estas reformas, y él y su equipo lo entienden y lo asumen; ya hubieran querido Zedillo, Fox y Calderón haber logrado la mitad de estos ajustes constitucionales y legales, pero no pudieron o no tuvieron el valor para enfrentar el costo. En algunos casos lo intentaron, pero los otros partidos los atajaron.
Desde hace años, pues, era necesario hacer cambios; y en todo este tiempo fue la partidocracia, el único interés de los políticos, lo que impidió avanzar, mejorar o simplemente probar nuevas formas de hacer las cosas. La tarea de los partidos fue en muchos momentos, como encomienda, como leitmotiv, oponerse a todo lo que propusieran los contrarios sin detenerse a considerar si es bueno o justo.
Y parece que esa manera de funcionar de los organismos políticos sigue siendo la misma; ir en contra de todo lo que digan o intenten los adversarios; de modo que se escucha hueco que los expresidentes digan que no hicieron lo que sabían que era conveniente porque la oposición no los dejó. Pues entonces hay que admitir que no pudieron con el paquete de gobernar, que incluye la capacidad de concertar, de negociar, de conciliar… de hacer política.
Ya desde los inicios de la administración peñista se señalaba y se analizaba el cómo se rodeó en su equipo cercano de hábiles y conocidos operadores “políticos” quienes consiguieron operar las reformas en ese toma y daca en el que se ha convertido el quehacer legislativo.
Algunos a estas alturas aún se dicen pasmados, no esperaban que fuera posible alcanzar las cambios ofrecidos por Enrique Peña en su campaña; los cambios enunciativos, en las bases legales para gobernar. Y eso es parte de la moraleja, no se pueden decir sorprendidos porque estaba anunciado, era compromiso de campaña.
Aclaración. No se trata en estas líneas de hacer una apología de las reformas; podrán ser buenas o malas, pero sí debe reconocerse que eran necesarias.
Es decir que pudieron hacerse mejor, en otros términos tal vez, más drásticas o más superficiales; cada uno tendrá su opinión, pero lo que hay que remarcar es que lo único que no se le podría perdonar a Peña es que se hubiera quedado con los brazos cruzados, dejando hacer y dejando pasar.
Y en eso de evaluar resultados; al conversar en el espacio de Página de Análisis de Victoria de Durango, apuntaba que hay dos aspectos básicos para calificar los resultados de una administración municipal: la prestación de los servicios públicos, que es su primera responsabilidad, y el cumplimiento de sus compromisos de campaña, que aunque no correspondan a su responsabilidad, si promete, debe cumplir.
Quienes se apuntaron y consiguieron ser alcaldes sabían que su primera responsabilidad sería asegurarse de que la población del municipio tuviera seguridad pública preventiva eficiente, limpia y recolección de basura, abasto de agua potable, calles transitables, alumbrado eficiente, y demás servicios; pero cómo ofrecer una buena prestación de servicios no es suficiente para ganar una elección, todos hicieron sus particulares ofertas, algunas incluso ajenas a las capacidades y responsabilidades de un Gobierno Municipal, con la promesa de “gestionar” el apoyo de los gobiernos estatal y federal para cumplir. De ahí que deba evaluarse qué tan buenos han sido hacer honor a su palabra.
En ese espacio de Página de Análisis, Víctor Ríos hacía una acotación que me parece sustancial al calificar el desempeño de los gobernantes: que administren bien y que cumplan promesas pero ¿a qué costo?
Si pueden hacer obra y ejecutar programas con recursos propios o gestiones exitosas, excelente; pero… sería terrible que lo hicieran a costa de la contratación de deuda pública a largo plazo. De modo que la deuda debe ser un factor determinante para medir la efectividad de un gobierno; cualquiera puede quedar bien si tiene recursos. Qué fácil pedir prestado y pasar la factura a las administraciones futuras.

@MCervantesM

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