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Necesaria reforma para inversiones públicas y privadas…


Fui crítico de aquella ley en la administración de Ismael, las (PIPS), que no era otra cosa que un endeudamiento de la entidad con particulares por inversiones sociales que se cobraron a altos costos, beneficiándose sólo algunos particulares allegados al círculo del gobernador y claro, las consecuencias se reflejaron directamente la deuda pública, en aquellos días, cínicos funcionarios argumentaban que los adeudos de las PIPS no era deuda, ¿Qué era pues? La realidad es que la ley y su reglamentación era muy laxa y no comprendía todos los recovecos de este tipo de endeudamientos que no daba plena seguridad a la entidad, más que la responsabilidad de cubrir con las obligaciones contraídas. La ley se aplicó de manera indiscriminada, había una voracidad enfermiza por hacer obra pública, no importaban las consecuencias, además, el férreo control que se mantenía en los medios de comunicación impidió que se dieran a conocer los detalles de la aplicación perversa de esta ley cuya secuela dejó que todo repercutiera en un enorme endeudamiento y consecuentemente, en detrimento de las arcas de la entidad.
Esta administración advirtió oportunamente la necesidad de contar con un valioso aliado en el tema de la vinculación de inversiones público-privadas para detonar el desarrollo de Durango pero de manera ordenada, garantizada y en donde ambas partes se sientan seguras y aseguradas en la participación de este tipo de inversiones.
Recurrí de nueva cuenta al Lic. José L. Cisneros Pérez para conocer los aspectos más relevantes de este nuevo ordenamiento que ha sido aprobado por el pleno del H. Congreso del Estado; el Lic. Cisneros es el enlace entre el Ejecutivo del estado y el Congreso, además, participa en el diseño de las nuevas normas, establece diversos mecanismos de comunicación para negociar entre las diversas bancadas partidistas la aprobación de nuevas leyes y normas que el gobernador Dr. José R. Aispuro Torres promueve para fortalecer el entramado jurídico de la entidad y garantizar mayor seguridad a la sociedad en general.
Los diputados locales hay que señalarlo, han actuado nuevamente con responsabilidad, esta nueva Ley garantizará las inversiones público-privadas que se concreten a partir de 2018, además que las obligaciones y compromisos que se deriven de ella estarán debidamente registradas en los libros contables de la entidad, cumpliendo las normas de disciplina fiscal y endeudamiento.
La nueva Ley aprobada por el Congreso, reforma la Asociación Público Privada tanto para el estado como de los municipios que data de 2906 (ley de las PIPS), que no regulaba suficientemente todo tipo de esquemas de contratación. Por ello la creación de un marco jurídico que formalice las asociaciones de la administración pública estatal y municipal con los particulares para la prestación de servicios, incluidas aquellas en las que se requiera construir infraestructura, mediante esquemas de financiamiento distintos a los contemplados en las leyes vigentes en la entidad como lo es la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y la de Obras Públicas. Se pretende satisfacer necesidades colectivas con la participación conjunta de los sectores público y privado, procurando una transferencia equitativa de riesgos entre uno y otro, que se traduzcan en una gran variedad de modalidades, según las necesidades de cada proyecto. El sector privado se convierte en un proveedor de servicios de la administración pública, con la obligación indirecta de construir la infraestructura necesaria para la prestación de servicios cuando así se requiera.
Los esquemas de APP que se desarrollan en la Ley satisface necesidades colectivas con la participación conjunta de los sectores público-privado, procurando una transferencia equitativa de riesgos entre uno y otro, a través de mecanismos flexibles que se traduzcan en una gran variedad de modalidades, según las necesidades de cada proyecto.
Resulta importante que desde el nombre mismo de la ley, se recoja el doble espíritu de la misma: la vinculación de la inversión pública y la privada, aunado con la finalidad de interés social que se persigue con dichas asociaciones. La nueva Ley podrá aplicarse en prácticamente todas las obras y servicios públicos prestados por los gobiernos, estatal y municipales, en materia de: Construcción de hospitales y servicios de salud; Construcción y administración de la infraestructura para la educación; Construcción y operación de carreteras y puentes; Construcción y operación de sistemas de agua potable y saneamiento, o Construcción y administración para el desarrollo urbano.
Este nuevo ordenamiento que contiene la Ley de APP se suma a un ramillete de reformas que comienza a tener forma e impulsa el desarrollo de Durango, ojala pronto comience a dar frutos y sean nuestros inversionistas que con seguridad y confianza en el “Gobierno del Cambio”, inviertan sus recursos en bien de los duranguenses en general.

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