MINUTO X MINUTO

El necesario marco jurídico para el Ejército…


El Ejército Mexicano muchas veces ha reclamado se le dote de una ordenamiento jurídico que le permita incursionar en tareas que no le son propias, como el perseguir a la delincuencia organizada y posteriormente, se le acuse injustamente por realizar maniobras de seguridad interna, la que compete al Estado mexicano a través de las corporaciones policiacas: federales, estatales y municipales, que no están debidamente capacitadas.
El Congreso de la Unión debe aprobar lo antes posible un estatuto de actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Es un tema que está en la agenda de prácticamente todos los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados.
Necesario es, desahogar ya el trámite parlamentario, es urgente dar certidumbre jurídica al Ejército y la Marina, que son instituciones fundamentales para nuestro país.
Son tres iniciativas que pueden ser dictaminadas:
La primera presentada por el Diputado Jorge Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN, con la que se busca definir los conceptos de seguridad nacional, obstáculos, instancias, intervención de comunicaciones privadas, y busca el acotamiento al fuero militar, racionalizar y regular el ejercicio de la facultad que la Constitución general de la República concede al titular del poder ejecutivo, para preservar la seguridad nacional y disponer de la fuerza armada permanente para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.
Propone distinguir con claridad los supuestos bajo los cuales se estime que la seguridad nacional se ve comprometida y establece el procedimiento mediante el cual una autoridad local puedan solicitar una declaratoria de afectación a la seguridad nacional así como los contenidos mínimos que debe cumplir.
Se prevén los supuestos en los cuales el Presidente de la República puede ordenar la participación de las fuerzas armadas y precisa, que la declaratoria de afectación no implica en absoluto ni restricción ni suspensión de derechos humanos y sus garantías.
La segunda presentada por la Diputada Martha Tamayo, junto con el Diputado César Camacho Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRI, con la que se busca crear un ordenamiento jurídico para regular la función del estado para preservar la seguridad interior, establece las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los poderes de la unión, las entidades federativas y los municipios, amplía la definición de seguridad interior como la condición del Estado que permite salvaguardar la continuidad de sus instituciones y el desarrollo nacional.
Incorpora los principios de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad a los temas de seguridad interior, se atribuye al ejecutivo federal la aplicación de la ley, por conducto de la secretaria de gobernación, con la participación de las dependencias y entidades de la administración pública federal y las fuerzas armadas, en coordinación con los demás órdenes de gobierno y establece la intervención progresiva y gradual del gobierno federal, primero con la participación de las autoridades y fuerzas de seguridad y, cuando éstas sean insuficientes se dará la intervención a las Fuerzas Armadas, como último recurso del poder nacional.
Y la tercera presentada por el Diputado Manuel Espino del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con la que se busca dotar al Estado de una legislación que tenga como eje de la seguridad nacional a la seguridad humana, por ser ésta una condición necesaria para la protección de las personas, propone una conceptualización precisa de seguridad nacional, considera como amenazas de ella a los desastres naturales, el cambio climático, las pandemias y narcotráfico, entre otras, y propone modificaciones al consejo de seguridad nacional para que se integren todas las secretarías de estado, a fin de que participen en la tarea de salvaguardar la seguridad humana.
Ninguna contiene diferencias insalvables, y todas se encaminan a dar certeza jurídica a la participación de las fuerzas armadas del país en la protección de los ciudadanos. El tema debe ser abordado en este periodo ordinario. El congreso mexicano está en deuda con nuestras Fuerzas Armadas.
Así pues, tienen chamba señores legisladores federales y también, hay que decirlo fuerte, tienen mucha chamba estancada los legisladores locales, se sabe que el PRI impone su mayoría para desempolvar los dictámenes de varios ordenamientos, ¿Es que no les convienen ni en nada favorecen? Hablen, sin tartamudear, con propiedad y conocimiento de causa.
Con Lupa 1: Urge que el Dr. Enríquez resuelva la conflictiva situación que propician dos de sus funcionarios de alto nivel, la actitud de estos personajes los puso por los suelos, perdieron credibilidad y han generado mucha desconfianza. La imagen del Edil de la Capital se afecta directamente y recuperarla es una tarea muy difícil.
Con Lupa 2: En el Congreso del Estado reconocen la discreta, eficiente y callada labor que desempeña José Luis Cisneros en el enlace entre legisladores y el gobierno de Aispuro Torres.

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