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Nuevos delitos electorales

En la época de oro del régimen priísta, se cometió todo tipo de trapacería electoral y el tratadista Jorge Fernández Ruiz de una manera más elegante, la denomina patología electoral al referirse a prácticas como la ‘operación tamal’, ‘el ratón loco’, ‘el embarazo de urnas’, ‘el carrusel’, ‘la resurrección de los muertos’ y demás actos que a la postre fueron tipificados como delitos electorales para lo cual se creó una fiscalía especializada que solamente ha realizado una labor preventiva y un pobre actuar en la consignación de los también conocidos como ‘mapaches electorales’.
En el marco de la reforma electoral de este año, los legisladores federales crearon una norma de aplicación nacional para tratar estas conductas antijurídicas que lastiman la democracia manifestada en las urnas electorales y fue el tema que se trató el pasado lunes en la jornada de actualización que lleva a cabo el INE en Durango a través de su Junta Local Ejecutiva y estuvo a cargo de la presidenta del Instituto Electoral de Zacatecas, la
Doctora Leticia Soto Acosta, de manera que desglosaremos los puntos trascendentales de esta Ley General de Delitos Electorales:
La Ley General de Delitos Electorales tiene por objetivo establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y la coordinación entre autoridades para salvaguardar los procesos electorales y las consultas populares. Esta ley consta de 26 artículos distribuidos en tres títulos y contiene un glosario de definiciones, para tener precisión de todos los términos de los elementos que entran en juego en una elección como documento, paquetes, material electorales así como los sujetos políticamente responsables.
Las entidades federativas tendrán que armonizar la legislación penal con esta ley general y solamente lo han hecho los 17 estados que tienen elección local el próximo año. En el caso de Durango, los diputados locales se concretaron a derogar el contenido de delitos electorales del Código Penal para remitirse a la ley general, desperdiciando la oportunidad de hacer una armonización de avanzada que incluyera la creación de una sala de juicios orales especializada en delitos electorales así como una mesa del Ministerio Público.
Penaliza a los malos funcionarios electorales que impiden la votación o alteren la votación así como aquellos que impidan que la autoridad realice sus funciones de manera óptima. Sobresale el castigo a quien introduzca o sustraiga de las urnas una o más boletas electorales (ratón loco).
Otra novedad es el que por sí o por interpósita persona destine o reciba aportaciones de dinero o especie a favor de precandidato, candidato, partido, coalición o agrupación política cuando los fondos o bienes tengan origen ilícito. Su pena alcanza los cinco mil días multa y de cinco a 15 años de prisión. Aquí deben estar muy al pendiente los titulares de Sedesoe y Sedesol pues la entrega de apoyos asistenciales en tiempo electoral como cemento, despensas, láminas, cobijas, lentejas y demás, se podría interpretar como una comisión delictiva y los sujetos obligados son tanto el que da como el que recibe.
Se contempla una pena para quienes rebasen los topes de gastos de campaña con una sanción de mil a cinco mil días multa y de cinco a 15 años de prisión. Este tema ha sido una constante en la reforma electoral y más ahora que se prorratearán los gastos de campaña cuando candidatos de un mismo partido pero a diferente cargo de elección popular hagan mítines conjuntos.
Se realice por cualquier medio algo que provoque temor al electorado y atente contra la libertad de ir a votar. Esta tipificación nos recuerda a los balazos que hubo en la elección estatal de 2010 en donde grupos armados sembraron el terror en casillas de la ciudad capital y de la región lagunera.
A los ministros de culto solo se les dejó la multa y no pena privativa de la libertad y esto fue por presión de la Iglesia católica, cuyos pastores consideraron que se podría repetir un escenario de persecución como La Cristiada. No olvidemos que en el 2012 al PRI de Durango le tembló la mano para denunciar al arzobispo de Durango ante la Fepade porque consideró que el día de la jornada electoral llamó a los feligreses a no votar por este partido en una declaración que hiciera ante los representantes de los medios de comunicación.
Otra nueva figura delictiva-electoral es la instalación tardía de las casillas y esto también nos remonta a Durango y precisamente en la elección local del año pasado, en donde se presentaron casos de casillas que abrieron hasta las 10 u 11 de la mañana, causando que la gente se desanimara para ir a votar.
La movilización de votantes el día de la jornada electoral también es calificada como delito porque el legislador consideró que se atenta contra la libertad del ciudadano para emitir su sufragio. De todos es conocido que los partidos acaparan taxis y demás medios de transporte el día de la votación para llevar a sus promovidos a votar, especialmente el PRI quien tiene a su servicio la mayoría de los sindicatos de choferes.
Lo ideal es que en una democracia moderna no existieran este tipo de conductas antijurídicas pero lamentablemente la lucha por el poder cada día se hace más despiadada y más descarada en la compra de voluntades aprovechando la desigualdad social que los gobiernos inducen mediante la implementación de programas sociales que dan pescado pero no enseñan a pescar.

LECTURA RÁPIDA
Gente cercana al diputado Rosauro Meza Sifuentes comenta que este priísta ha manifestado su aspiración de buscar la candidatura a Presidente Municipal de Durango y ellos mismos aseguran que tiene más méritos que Carlos Contreras y Otniel García que son los aspirantes más abiertos para la alcaldía capitalina.
lecturaspoliticas.com

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