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¿Caerán más?…


Durante meses fue tanta la presión hacia el gobierno federal y la Procuraduría General de Justicia por la incapacidad manifiesta para detener a los exgobernadores priistas acusados de diversos delitos, en muchas ocasiones se señaló al propio gobierno federal de su encubrimiento.
Los exgobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington y el de Veracruz, por fin fueron aprehendidos, el primero en Florencia, Italia. Su captura, más que ser un acierto de la Procuraduría General de la República, fue resultado del proceso que se le sigue en Estados Unidos, y por solicitud de autoridades de ese país.
The Wall Street Journal publicó que mientras Tomás Yarrington se encontraba prófugo de la justicia, acusado de haber recibido sobornos de los cárteles del Golfo y Los Zetas, por tráfico de drogas y lavado de dinero en México y Estados Unidos, el exgobernador de Tamaulipas tenía como guardaespaldas a ocho policías pagados con recursos públicos, y el gobierno federal estaba al tanto de ello.
De acuerdo con la investigación de dicho medio, la orden de asignación de los guardaespaldas fue firmada por el jefe de la Policía de Investigación en el gobierno de Egidio Torre Cantú y, en todo momento, esto fue de conocimiento de las dependencias del gobierno federal.
¿Por qué no se actuó en su oportunidad? Mucho se insistió, que después de haber perdido las elecciones de 2016, el PRI-Gobierno, no estaban en condiciones para darle más elementos a la oposición para que montara una campaña más de desprestigio luego de su fracaso electoral.
Por otro lado, el sábado fue detenido en Guatemala el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, señalado en México de cometer delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. A Duarte se le ha atribuido la conformación de una amplia red de “empresas fachada”, misma que era operada por medio de prestanombres y gracias a la cual fue posible el desvío de miles de millones de pesos del erario.
¿Acaso estas aprehensiones derivarán en un verdadero desmantelamiento de las redes de corrupción a su alrededor? ¿O simplemente serán casos de personajes caídos de la gracia del sistema y que el gobierno intentará “vender” en su beneficio durante el periodo electoral?
En reiteradas ocasiones se ha comentado sobre las cinco C’s que conlleva el ciclo que da origen a la corrupción en México: Campañas políticas, compra de votos, clientelas, compadres y contratos. Tras las detenciones de Javier Duarte y Yarrington, habría que añadir una letra C: la de crimen organizado.
En lo que se refiere al PRI, no se trata ya de casos aislados, sino de una lista que es ya muy larga. Aquí tan sólo un breve recuento de asuntos recientes, relacionados con gobernantes estatales que están o han estado sujetos a proceso, en alguna instancia nacional o internacional:
1) Humberto Moreira, Coahuila. Delitos de malversación y blanqueo de caudales públicos. 2) César Duarte, Chihuahua. Daños al erario por seis mil millones de pesos.
3) Roberto Sandoval Castañeda, Nayarit. El fiscal en su gobierno, detenido por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
4) Rodrigo Medina, Nuevo León. Delitos de peculado y daño patrimonial.
5) José Jesús Reyna, Michoacán. Vínculo con los Caballeros Templarios.
6) Roberto Borge, Quintana Roo. Venta ilegal de bienes públicos.
7) Andrés Granier, Tabasco. Desvío de mil 200 millones de pesos.
8) Tomás Yarrington, Tamaulipas. Vínculos con el Cártel del Golfo y Los Zetas.
9) Javier Duarte, Veracruz. Delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
1 ) Jorge Herrera Caldera, Durango.
Nadie puede afirmar que esta lista sea exhaustiva o definitiva; tampoco que sólo se trate de militantes del PRI. El fenómeno está presente en representantes de todas las fuerzas políticas a lo largo de la historia reciente. Por lo tanto, el problema es mucho más profundo y debe analizarse con mucho mayor detenimiento si es que verdaderamente busca corregirse.
Más que nota de coyuntura, los sucesos de la semana pasada deben servir para analizar las distorsiones que persisten en los gobiernos estatales y de algunos municipios, desde el endeudamiento extremo, la malversación de los recursos públicos, hasta la convivencia con la actividad criminal. ¿Alguien estará poniendo sus barbas a remojar?
De acuerdo a Amparo Casar son 11 exgobernadores deben rendir cuentas ante la justicia por delitos: contra la salud, lavado de dinero, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito, peculado, desvío de recursos, venta ilegal de terrenos del patrimonio estatal, delitos electorales encubrimiento, abuso de autoridad y tráfico de influencias.
En Durango esperamos que pronto se actúe contundentemente.

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