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OPLES; motores de la democracia

Por: Mirza Mayela Ramírez Ramírez 

El ejercicio de la democracia y la organización de los procesos electorales en las 32 entidades federativas del Estado Mexicano, han evolucionado dependiendo de sus contextos geográficos, históricos, económicos y sociopolíticos. Para el caso de Durango, en 1994 se crea el ahora Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), y desde entonces ha promovido y garantizado el derecho de votar y ser votado de la ciudadanía duranguense, así como la renovación y transición pacífica de los poderes locales -Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos-; y la reforma electoral federal del 2014, que inyectó autonomía a los Institutos Electorales Locales, también llamados Organismos Públicos Electorales Locales (OPLES), contribuyó para hacer posible las alternancias de actores políticos en los poderes locales. Sin embargo, en los últimos meses, se ha planteado y discutido una nueva reforma electoral que propone desaparecer a los OPLES, pues equivocadamente se considera que el Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta con la estructura, los recursos humanos y financieros para asumir las atribuciones de aquellos. 

Sin duda, con dicha propuesta de reforma, además de atentar contra el federalismo y trastocar los avances de las democracias locales, el INE tendría que sufrir una costosa reestructuración para poder asumir todas las actividades que actualmente realizan los 32 OPLES. Pues con la estructura actual, por señalar un ejemplo, es imposible que el INE realice las elecciones para renovar, por un lado, los cargos federales: Presidencial, Diputados/as y Senadores/as, y por otro, los cargos de las 32 entidades: Gobernadores/as, Diputados/as y de Ayuntamientos.  

Para explicar el ejemplo referido, sobre la complejidad de los procesos electorales locales, parto desde el contexto de Durango, que se compone de 39 municipios. El IEPC, tiene un órgano central permanente ubicado en la capital, y en los procesos electorales instala 39 Consejos Municipales, cuyos integrantes –consejeros/as, secretarios/as, personal administrativo y representantes de partidos políticos e independientes- son nativos de cada municipio y por ende conocen su geografía y situación de seguridad. Estos Consejos municipales, con el acompañamiento, capacitación y supervisión desde el órgano central, entre otras actividades, se encargan de atender las peticiones de fe pública y resolver en primera instancia los procedimientos sancionadores; de revisar, requerir y resolver el registro de candidatos/as dentro de un término de 5 días, que tan solo para la renovación de Ayuntamientos se reciben alrededor de 4,500 expedientes; de realizar la distribución del material y documentación electoral a los presidentes de las mesas directivas de casillas; de realizar, antes y durante la jornada electoral, la verificación de medidas de seguridad de la documentación electoral y liquido indeleble en las casillas seleccionadas; de recibir los paquetes electorales de los funcionarios de casillas, que como en el caso de los municipios del Mezquital, San Dimas y Santiago Papasquiaro tardan entre 11 a 14 horas en llegar a los Consejos; de llevar a cabo los cómputos municipales, entregar las constancias a los ganadores y declarar la validez de la elección de Ayuntamientos, etc. Ahora bien, la estructura del INE en Durango, además de la Junta Local Ejecutiva, tiene cuatro Juntas Distritales que se ubican en las zonas urbanas: 01 y 04 con sede en la ciudad capital, 02 con sede en Gómez Palacio y 03 con sede en Guadalupe Victoria; por tanto, tomando en consideración las actividades que despliegan los Consejos que instala el IEPC en los 39 municipios, es imposible que el INE pueda realizar un proceso electoral local con su estructura de cuatro Juntas Distritales ubicadas en tres municipios urbanos, aunado a que faltarían recursos humanos y financieros.

Así entonces, con solo un ejemplo, desde el contexto de Durango, se puede observar la inviabilidad de la propuesta de desaparecer a los OPLES para que el INE asuma sus atribuciones. Lo anterior, se vuelve más complejo si el mismo ejemplo se replica en las 32 entidades federativas.

Los OPLES son motores de las democracias locales, garantizan el ejercicio de los derechos políticos-electorales en las entidades federativas; impulsan acciones afirmativas para aumentar la participación de mujeres y población indígena; reutilizan materiales electorales, para reducir los costos de los procesos electorales; promueven la educación cívica y participación ciudadana, para aportar a la consolidación de la democracia mexicana; gestiona y ministran el financiamiento público a los institutos y  agrupaciones políticas; entre otras actividades. Apoyaremos indiscutiblemente una reforma electoral que permita la optimización del gasto público, de manera eficaz y eficiente, así como la indispensable autonomía presupuestal de los OPLEs. 

Es claro que estamos a favor de una Reforma, nadie se puede negar a que existen oportunidades y mejoras por realizar a los Procesos Electorales, es claro que tenemos que incorporar la tecnología en la aplicación de las elecciones, ser incluyentes en todos los sentidos, revisar los salarios, finanzas y prerrogativas, hay mucho trabajo por realizar, de eso no hay duda, sin embargo, una Reforma que desaparezca los OPLES es una reforma que frenaría el desarrollo de las democracias locales.

Consejera Electoral IEPC-Durango

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