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Policía Federal y vicisitudes políticas

Jorge Fernández Menéndez

No sorprendió la salida de Enrique Galindo como jefe de la Policía Federal. Hace tiempo que Galindo tenía que confrontarse con personajes de dentro y de fuera de la administración federal. No porque su trabajo al frente de la Policía Federal fuera malo, creo que se va con un alto índice de aciertos en esa labor, sino porque como no tenemos una verdadera estrategia y visión de largo plazo sobre qué hacer con nuestra seguridad pública y por ende con nuestros sistemas policiales, los responsables de las áreas de seguridad se convierten en fusibles de luchas políticas que trascienden su labor.
La salida de Galindo Ceballos se dio por instrucciones del presidente Peña Nieto para que se pudiera tener resultados rápidos en las investigaciones en curso. Se supone que se está hablando de los casos Nochixtlán y Tanhuato. No entiendo cómo se va a tener resultados más rápidos con la salida del jefe de la Policía Federal en dos investigaciones donde la posición institucional de la PF y de la Comisión Nacional de Seguridad, son claras: en aquel desalojo de la autopista Oaxaca-México, los policías fueron atacados por civiles armados, hubo diez muertos y 125 heridos, muchos de ellos policías que sufrieron desde amputaciones hasta pérdida de ojos. En Tanhuato hubo un durísimo enfrentamiento de policías federales contra más de un centenar de sicarios, mismos que acababan de derribar un helicóptero del Ejército y emboscar un contingente de policías federales dejando más de una decena de muertos. Cualquiera que conozca sobre la forma en que se realizan esas operaciones sabe que las mismas están marcadas por lo impredecible.
Se ha dicho que la demostración de que las fuerzas de seguridad actuaron, por lo menos, en forma desorganizada es que meses después de Nochixtlán o Tanhuato, no se tiene una narración verosímil de lo sucedido en esos casos. No es verdad: en el episodio de Tanhuato, existió desde el primer momento un relato concreto de lo sucedido, proporcionado tanto por los elementos policiales como por el entonces comisionado de seguridad, Monte Alejandro Rubido. Ese mismo relato ha sido respaldado por su sucesor, Renato Sales Heredia. En el caso Nochixtlán resultó que lo ocurrido esa mañana implicaba confirmar que en el movimiento de la CNTE existe una vertiente de grupos armados. No eran realidades políticamente correctas.
Por otra parte, si bien existen manuales de operación en la Policía Federal, el Ejército y la Marina, lo cierto es que no hay leyes claras que normen y protejan el trabajo de nuestros soldados, marinos y policías. Qué hacer o no ante un ataque armado, en una emboscada, en un operativo, qué capacidad tienen las fuerzas de seguridad para la utilización de las armas, son cosas que quedan, en el mejor de los casos a la interpretación de los interesados: eso ocurre con Tanhuato, con Nochixtlán y ocurrió con Tlatlaya, particularmente, con las interpretaciones que de ello ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se llega al extremo de condenar a policías y soldados e indemnizar como víctimas a los sicarios.
El Congreso no sólo no ha dotado a las instituciones de seguridad de esas leyes, sino que tampoco hemos avanzado en algo tan básico como la conformación de una verdadera estrategia policial. Se trate del Mando Único o del ahora llamado mando mixto, lo cierto es que llevamos años hablando del tema y no se toman decisiones, incluso, en ese camino se cambian líneas estratégicas en las instituciones ya operativas, como la propia Policía Federal, una institución que nadie parece terminar de valorar en su verdadera dimensión. Cuando comenzó el sexenio pasado la PF, prácticamente, no existía, era una organización casi marginal en la estructura de seguridad. En pocos años se convirtió en una policía con capacidad de operación en todo el país, con personal y mandos formados en las mejores escuelas del mundo, con una infraestructura notable.
Se cambiaron, para mal o para bien, piezas clave: la plataforma México, un instrumento de inteligencia valiosísimo en términos técnicos y humanos se pasó casi por completo a otras instancias, sobre todo al Cisen, con lo cual se debilitó la capacidad de operación policial; durante meses se estuvo debatiendo sobre la creación de la gendarmería, sobre el espacio institucional dónde se encuadraría y luego cómo se integraría con la propia Policía Federal, pese a que muchos creían que en los hechos debía reemplazarla (lo que hubiera sido un doble error).
Lo cierto es que seguimos sin tener un diseño claro del modelo policial que debe tener el país, más allá de cualquier vicisitud sexenal. Y en el camino perdemos no sólo la confianza que se debe tener en esos cuerpos de seguridad, sino que también un capital humano de enorme valor, con una formación de élite, hombres y mujeres que se desechan como fusibles políticos y que han terminando nutriendo a las empresas privadas que utilizan el capital humano que el Estado dilapida por las vicisitudes de la política cotidiana.

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