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Reflexiones sobre los requisitos de elegibilidad


En mi editorial de la semana pasada afirmaba que la propuesta para incluir en la Constitución general de la República el requisito obligatorio de contar con estudios profesionales para ser diputado era una ardid mediático con pobres y débiles argumentos de cierta senadora del PAN, sin embargo me percaté que hubo algo de polémica y discusión al respecto, por lo cual me motivé a contribuir, aunque sea con un granito de arena, a la discusión pública del tema con algunas reflexiones que esgrimiré más delante.
Pero antes de esas reflexiones resulta necesario conocer lo que en este momento se necesita para ser diputado. Nuestra Carta Magna establece en el artículo 55 ciertos requisitos para ser legislador. El primero, es esencial y pretende garantizar, digámoslo así, que se sirva a la patria y no a intereses extranjeros, por eso es forzoso ser ciudadano mexicano por nacimiento. El segundo tiene que ver con la edad cronológica, que intenta asegurar cierto desarrollo intelectual, madurez, etc.
El tercero pretende que el aspirante a diputado conozca el lugar -idealmente la problemática social- que representaría, por eso se solicita que sea originario de la entidad federativa en que se haga la elección o que sea vecino de la misma con residencia efectiva de seis meses antes de ser electo. Siendo lo mismo para el caso de los diputados plurinominales.
Otros más buscan evitar que se aprovechen ciertos cargos públicos como ventaja para ganar en las elecciones y se exige a los aspirantes que se retiren de los mismos con antelación, concretamente tres años antes de la elección para quienes hayan sido ministros de la suprema corte, magistrados o secretarios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Los mismos tres años para quienes hayan sido parte del órgano constitucional autónomo encargado de organizar las elecciones, específicamente si ocuparon el cargo de Consejero Presidente o consejero electoral en los consejos General, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal profesional directivo del propio instituto, esto por obvias razones.
En el caso de otros encargos públicos sólo basta con separarse noventa días antes de la elección, estos incluyen el servicio activo en el Ejército Federal y los mandos en la Policía o Gendarmería rural en el distrito donde se haga la elección, asimismo, si se es titular en alguno de los organismos a los que la misma Constitución general de la República otorga autonomía como BANXICO, CNDH, FGR, CFCE, etc.
Igual corresponde para el caso de ser Secretario o Subsecretario de Estado, o titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública federal, igual para los Secretarios del Gobierno de las entidades federativas, los Magistrados y Jueces Federales y locales, así como los Presidentes Municipales, quienes no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan definitivamente antes de noventa días.
Otro requisito, a modo de restricción, es que los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos.
El penúltimo requisito tiene relación con el cumplimiento de lo establecido en el artículo 130 constitucional, respetando con ello lo alcanzado en las Leyes de Reforma, y el principio y logro histórico de la separación del Estado y las iglesias, ya que en dicho artículo se prohíbe que los ministros de culto desempeñen cargos públicos.
Finalmente se incluye el requisito que cubre lo establecido en la reciente reforma constitucional que permite a los Diputados al Congreso de la Unión elegirse hasta por cuatro periodos consecutivos -la llamada reelección- añadiéndole la restricción de que la postulación sólo sea realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes si se trata de coalición, o en su defecto que renuncien o hayan perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.
Como se podrá dar cuenta amable lector, los requisitos descritos anteriormente tienen una razón de ser prácticamente indiscutible, no así la exigencia de contar con estudios de nivel superior. Me atrevo a decir lo anterior, de entrada porque el porcentaje de diputados que en la historia reciente llegan sin estudios a la cámara baja representa un porcentaje menor; en la actual Legislatura son el 5.6% del total, según datos del Sistema de Información Legislativa de SEGOB.
Después porque los diputados que tienen más fuerza y poder dentro de la Cámara Baja, y llevan mano en todo lo que corresponde, son aquellos que coordinan las grupos parlamentarios, o los que integran y sobretodo presiden las comisiones -entre otras responsabilidades directivas- y estos, la mayoría de las veces, son los diputados más preparados o con mejor perfil, ya sea porque tienen experiencia previa en la misma cámara -ya han sido diputados-, por su destacado currículum, incluyendo el académico, o porque pertenecen a las cúpulas de los partidos políticos, y en esto último casi siempre estamos hablando de personajes con un currículum destacable.
Además de lo anterior, el poder Legislativo cuenta con personal de apoyo -entre ellos asesores- que dan respaldo institucional ya que se puede considerar que estos son expertos -no sólo por el perfil académico, sino por su experiencia- en cada una de las áreas a legislar y su labor es orientar en la elaboración de iniciativas y en su propia discusión, coadyuvando a racionalizar y centrar la discusión y el trabajo legislativo.
Expuesto lo anterior agregaría que el problema principal no es que tengamos diputados con falta de preparación académica y sin amplios conocimientos, el problema es que tenemos algunos legisladores que carecen de suficiente honestidad, integridad, ética, etc., y, lamentablemente para nosotros, no hay título académico que evite esos vicios, porque eso se adquiere de otra manera…
EL DÍA DE AYER el diputado federal por Durango, Alfredo Valles Mendoza, dio a conocer en entrevista que se le hiciera en esta ciudad, una osada propuesta que el grupo parlamentario del PANAL, que él mismo coordina, está impulsando. Dicha proposición consiste en la eliminación del Senado de la República y la institución de un congreso federal con una sola cámara. El argumento primordial consiste en el ahorro de 5 mil millones de pesos que esta medida generaría, recursos que serían destinados a programas de educación y salud. Indudablemente que dicha propuesta generará polémica y dará pie a interesantes análisis; habrá que seguir de cerca la evolución de la misma, ya que el diputado Alfredo Valles por el momento es el legislador federal duranguense con más relevancia y peso dentro de San Lázaro…