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#Reforma102: primera iniciativa ciudadana en la historia de México

Ayer por la mañana, el Centro Empresarial de Durango, Coparmex, puso en marcha la campaña de recolección de 117 mil firmas que apoyen el impulso de la reforma del Artículo 102 de la Constitución. A través de dicha modificación, se pretende conformar una Fiscalía General de la República que sea verdaderamente autónoma del Poder Ejecutivo, y opere de forma independiente y eficaz.

Con el apoyo de organizaciones sociales como RED Familia, Kybernos, Jóvenes Empresarios, consejeros de participación ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, la Barra de Abogados Benito Juárez y la representación de la Organización Interamericana de Consejos Ciudadanos, Coparmex puso en marcha  un ejercicio inédito en la democracia mexicana: por primera vez se intentará una Iniciativa Ciudadana que modifique la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La falta de capacidad de los legisladores para poder generar acuerdos entre las distintas bancadas ha provocado una crisis de nombramientos en el país, entre los que se encuentran pendientes el Fiscal General, el Fiscal Anticorrupción y los 18 magistrados anticorrupción.

La LXIII Legislatura prácticamente ya concluyó su periodo ordinario y después de los comicios del 1 de julio las fuerzas en el Congreso de la Unión se modificarán radicalmente, por lo tanto, lo más factible es que esta responsabilidad que pendía en los legisladores cuyo periodo ya terminó, sea heredada a quienes conformen la LXIV Legislatura.

Para poder realizar todos estos nombramientos hay otro pendiente que pocos toman en cuenta, y ese es la reforma constitucional al artículo 102, cuya intención es garantizar la creación de fiscalías autónomas y evitar nombramientos a modo.

Con la reforma constitucional del 2014, el Senado sería el responsable de mandar una lista con al menos 10 candidatos que pudieran por sus características y su trayectoria fungir como el Fiscal General de la República, y de esa selección, el Presidente designaría una terna para que después la Cámara alta haga el nombramiento final.

Sin embargo, esta norma aún no está vigente debido a que se necesita de una declaratoria de entrada en vigor y de una Ley Orgánica para delimitar las facultades y el funcionamiento de las fiscalías.

Pero, además, hay otros componentes que justifican al 102 Constitucional:

1

.- El agotamiento institucional de la Procuraduría General de la República, insuficiente para fortalecer el Estado de Derecho, lo cual se ha traducido en la ineficacia para esclarecer más de 34 mil desapariciones, 120 mil homicidios, múltiples escándalos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos, lo que hace impostergable la conformación de una Fiscalía General de la República moderna.

2

.- Corregir las fallas e insuficiencia de las modificaciones legales que se realizaron en 2014, tales como una autonomía limitada respecto del Ejecutivo, partiendo de procedimientos de eficacia limitada en la designación y separación del Fiscal General.

3

.- Corregir la subordinación de las Fiscalías especializadas, dado que el Fiscal General tendría la facultad de designar y remover libremente a los titulares de la Fiscalía de Asuntos Electorales y de la Fiscalía Anticorrupción. Asimismo, se observa el riesgo de excesiva concentración de facultades en el Fiscal General, sin contrapesos institucionales.

Se espera que esta propuesta ciudadana pueda ser conocida por la nueva legislatura federal en los primeros días que inicie la gestión, es decir en el mes de Septiembre de 2018, de tal manera que el sistema resultante, una vez aprobado, pueda servir como base para que el Presidente de la República haga la propuesta de Fiscal el 1 de diciembre, cuando entre en funciones.

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