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El riesgo sigue latente


La Ley de Seguridad Interior aprobada por la Cámara de Diputados, con el voto de los diputados del PRI y sus aliados, es cuestionada por organismos nacionales e internacionales, no se diga por organizaciones ciudadanas, intelectuales y académicas. Los opositores a esta Ley, básicamente plantean el riesgo de que nuestro país se militarice, incluso, hay quienes opinan que es la puerta al totalitarismo.
Muchos nos preguntamos cuál es la intención de fondo para que se proponga al Legislativo esta ley en la etapa final de la administración federal, y aún más, en el contexto de uno de los más importantes procesos electorales. La presencia irregular de los militares fuera de los cuarteles desde el punto de vista constitucional ya va para doce años.
Por supuesto que esto genera especulaciones y se formulan hipótesis que van desde lo descabellado y catastrofista, hasta lo seriamente preocupante. Partiendo de la premisa que nadie entrega el poder sin defenderlo con todo lo posible y lo imposible, el partido en el poder y sus aliados reales, podrían usar esta ley para terminar con la protesta electoral contra el fraude (si existe) como recurso para no ceder el poder.
A criterio del presidente, podría considerar como movimiento desestabilizador que pone en riesgo la seguridad del país y autorizar la intervención del Ejército para actuar en contra de quienes cuestionen los resultados electorales.
Ante el debilitamiento institucional, lo débil del estado de derecho, y un potencial estallido social, hay quienes consideran que el ala dura de los militares, podrían estar pensando en un estado de emergencia que permita reconstruir el maltrecho estado, y mientras, asumir el poder. Si bien esto nos parece una verdadera exageración, es una posibilidad que se maneja y que vale la pena mencionar.
Como siempre, los puntos de vista se confrontan entre quienes son parte del poder, y entre quienes les preocupan los riesgos que esta ley conlleva, las eternas dos visiones que se han venido manifestando desde siempre, y recrudecido en los últimos dos o tres sexenios.
La Ley estaba lista para que fuera aprobada en la Cámara de Senadores, la línea estaba dada, solo faltaba activar los protocolos. Las opiniones de organismos de gran importancia internacional no importaban, menos las expresadas por las organizaciones sociales. Como en anteriores ocasiones, solo importa a las instancias del estado mexicano lo que les ordenen, una de las causas que han ocasionado su franco deterioro y ausencia de credibilidad.
Pero pasó algo inusitado, en la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos realizada en Los Pinos, el galardonado, Miguel Álvarez, solicitó al Presidente Peña Nieto detuviera la Ley de Seguridad Interior, el mismo planteamiento hizo el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Raúl González, el planteamiento se hizo con contundencia y de frente al presidente, a este hecho inusitado se agregó otro, los asistentes al acto ovacionaron a los opositores a la Ley en cuestión.
El Presidente Peña Nieto pidió al Senado que abra el diálogo con la sociedad, esto se ha entendido como un repliegue del ejecutivo y la posibilidad que no continúe la discusión en el senado, no obstante, aún hay riesgo de que solo en apariencia se detenga la ley, ya que el presidente Peña Nieto insistió en que la legislación es necesaria. Esto para nosotros sigue siendo preocupante. O no.