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Sanciones

Yuriria Sierra 

La Secretaría de la Función Pública no tiene dientes, no es la Fiscalía General que puede abrir expedientes, investigar y condenar penalmente a los funcionarios del pasado o del presente que hicieron o hacen mal su trabajo, aquellos que robaron o que todavía roban.

La SFP trabaja distinto, aunque esto no implica que tiene las manos atadas, por el contrario. En los últimos meses hemos visto cómo desde su trinchera ha generado antecedentes que bien servirán para decirle a los funcionarios de fácil seducción, que los están observando, que no será fácil que se salgan con la suya si se dejan corromper.

Aunque Emilio Lozoya, vía su abogado, amenace con apelar la sanción anunciada por Irma Eréndira Sandoval hace un par de días, lo cierto es que lo resuelto por la SFP abre camino para que ahora sea la Fiscalía General de la República quien realice esa investigación que ha tardado años en nuestro país.

El caso Odebrecht ya tiene responsables sentenciados en otros países de Latinoamérica, sólo nosotros junto a Venezuela hemos sido omisos, al menos en términos penales. Si bien, al exdirector de Pemex se le sancionó por la falta de precisiones y de datos en su declaración patrimonial, basta recordar que a la salida de Raúl Cervantes de la entonces PGR nos quedamos a la expectativa sobre el proceso penal de aquel, el escándalo de corrupción casi continental que ya tiene bajo investigación a varios expresidentes latinoamericanos. Sin embargo, nada ha pasado. O nada había pasado. Porque la Función Pública nos demuestra que hace lo que le toca para que estos expedientes no se vayan en blanco.

“Yo creo que precisamente el hecho de que dentro del gobierno en esta coordinación tan esencial —de la Unidad de Inteligencia Financiera— esté Santiago Nieto habla mucho de que tenemos toda la convicción de castigar a los responsables de Odebrecht…”, me dijo hace unas semanas Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP en entrevista, para Imagen Televisión como parte de su compromiso para no dejar este pendiente. Aunque también antes, con Arely Gómez al frente de la dependencia, vimos los primeros pasos para que Odebrecht no fuera un tema impune.

Sobre la constructora brasileña se giraron cuatro inhabilitaciones a empresas filiales, también se fijaron sanciones económicas que ascendieron a más de mil 86 millones de pesos; se investigó a cerca de 14 servidores públicos de Pemex. Los pasos se dieron.

Sin dientes, pero sí con la voluntad para que este frente sea el primero en enviar señales de que se avanza en la lucha anticorrupción. Sin dientes, pero sí con garra para fortalecer la Función Pública: sanciones esperadas a personajes que han encontrado la grieta legal para permanecer limpios ante todos los señalamientos.

Ahora el turno es para la FGR. Alejandro Gertz Manero debe sacudir de inmediato el polvo al expediente que Raúl Cervantes dejó armado y actuar en consecuencia. Porque con todas las cualidades de las sanciones que dicta la SFP, si penalmente no se avanza, sólo servirán como una advertencia, como una primera llamada para buscar más grietas o de plano una puerta completa para el escape. Ahora es cuando.

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