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Otra vez ¿amparos por docena?


La administración del gobernador Aispuro cada vez tiene más presión para empezar a mostrar que habrá consecuencias jurídicas por el abuso de los recursos públicos durante el sexenio pasado y más aún porque en Chihuahua ya se dieron las primeras detenciones y el ex gobernador está prófugo, lo cual es el referente obligado por las circunstancias similares que se dieron en Durango.
Desde el virreinato se ha aceptado y fomentado la corrupción, es parte de los usos y costumbres más nocivos y ahora el discurso oficial va dirigido a la creación de los sistemas nacional y estatales anticorrupción, lo cual no es más que una farsa ya que desde hace siglos existen instrumentos legales como el código penal y una de las instituciones más antiguas, el Ministerio Público, la cual solo actúa en casos de corrupción cuando los obligan por motivos políticos, no por cultura de la legalidad; los grandes corruptos están libres, en la cárcel o perseguidos solo están los políticos que han caído en desgracia.
Los que han saqueado el erario históricamente han gozado de impunidad; si hubiera voluntad política, si existiera un estado de derecho, actualmente estarían encarcelados miles de ex servidores públicos de todos los niveles, empezando por algunos que han sido presidentes de la República hasta otros que han gobernado los municipios más modestos.
Hay un funcionario municipal de Durango que ha sido motivo de polémica desde su nombramiento y aun así el presidente municipal ha estado dispuesto a pagar los costos con todo y los delicados señalamientos que se le han hecho; así es como empiezan las historias desafortunadas, siendo indiferentes desde el poder público ante las denuncias ciudadanas.
No se ha aclarado por qué un ex director de Servicios Públicos del municipio de Durango fue exhibido con drogas en un vídeo por agentes de la Dirección Municipal de Seguridad Pública y posteriormente liberado por el agente del Ministerio Público, esa circunstancia dejó la percepción en la sociedad de que se están usando las instituciones con motivaciones políticas.
La transparencia, como se entiende en Durango, no es solo darle trámite a algunas solicitudes de información pública, recibiendo los peticionarios regularmente solo documentos censurados con tinta negra que en muchos casos los hace inútiles o en clasificar los expedientes de los casos de corrupción por algunos años; transparencia también es que la autoridad dé explicaciones convincentes a la ciudadanía sobre los asuntos de interés público y eso no está sucediendo; la tendencia oficial, estamos viendo, ha sido evadir esos temas y apostarle al olvido.
La mejor forma de combatir la corrupción es precisamente transparentar lo que se está haciendo para evitarla y sancionarla; reto difícil y más cuando no hay una sola institución ejemplar en cuanto a honestidad en el manejo de los recursos públicos y eficacia en sus resultados.
El gran predicamento de la administración estatal está en decidir hasta qué punto va a llevar las consecuencias jurídicas por los actos de corrupción de ex funcionarios, los números son claros y existe un gran faltante de recursos federales, estatales y municipales; se documentaron desvíos millonarios y en contraparte se dio un “boom” de nuevos ricos cercanos al poder, unos en las dependencias de los tres niveles de gobierno y otros desde las empresas.
¿Quiénes son los políticos, ex funcionarios y empresarios que hicieron factible el saqueo? ¿Cuántas empresas fantasmas se crearon? ¿Cuales empresas inflaron presupuestos para obtener ganancias que repartían con quienes desde el gobierno otorgaban los contratos?, esas son algunas de respuestas que esperan los duranguenses.
Cada vez es mayor la presión, ya que declararon que las primeras órdenes de aprehensión saldrían a finales del mes pasado, por esa circunstancia, el gobierno estatal se está jugando su credibilidad y difícilmente podrá mantener el suspenso durante más tiempo, no falta mucho para que veamos hasta donde estuvieron dispuestos a llegar a través de la Secretaría de la Contraloría y la Fiscalía General del Estado; pronto se sabrá si los amparos tramitados por el ex gobernador, buena parte de sus colaboradores y algunos de sus familiares fueron justificados o simplemente quedará en una anécdota chistosa que nunca debió haber pasado.

@ernestoescobosa