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Sin dedazo en la Fiscalía

Yuriria Sierra

Será ahora el Congreso de la Unión quien se encargue de designar a quien fungirá nueve años al frente de la Fiscalía General de la República. “Gómez González le estaría dejando a Raúl Cervantes la titularidad de la PGR y aquí podrá desquitar esas ganas con las que se quedó por no haber llegado a la SCJN. Ya pidió licencia para dejar su curul en el Senado en espera de ser ratificado; en sus manos quedarían los expedientes de Duarte y Padrés, así como los de los otros exgobernadores…”, escribí cuando Raúl Cervantes fue nombrado por Enrique Peña Nieto como titular de la PGR, hace poco más de un mes. La suspicacia nos hizo pensar —a tirios y troyanos— que la llegada del entonces senador, sería un pase automático a la titularidad de la nueva Fiscalía que en mucho definirá el rumbo de la impartición de justicia del país para los próximos diez años.
Desde que Cervantes fue considerado para ser uno de los ministros de la SCJN, la polémica no se detuvo, por el contrario. Su cercanía con el Presidente hacía ver que, a como dé lugar, Peña Nieto quería ver a uno de sus cercanos en puestos estratégicos, sobre todo, si pensamos en los varios pendientes que comprometían mucho al PRI. Aquella vez recordé, por ejemplo, a Javier Duarte como uno de los más urgentes pendientes, que sigue siendo, y cuya imagen afectaba a toda una camada de priistas que alguna vez lo ubicaron como una de sus jóvenes promesas.
Raúl Cervantes, al frente de la PGR, ha sido el encargado de ponerle precio a las cabezas de Javier Duarte y, una década después, a la de Tomás Yarrington. Con la nula certeza de qué es lo que sucederá con el destino de estos dos personajes, lo cierto es que parece que Cervantes intenta dar seguimiento puntual a las investigaciones que ya había comenzado Arely Gómez, y que muchos temían que metiera a la congeladora. Hoy, la PGR sólo está a la espera de la captura de ambos exgobernadores.
Evidentemente, ante los múltiples cuestionamientos, el gobierno federal quiere otorgarle certeza y legitimidad al proceso. Ya no será un pase automático, como muchos lo pensamos inicialmente. Raúl Cervantes dejará su cargo en la PGR a menos que el Congreso decida que él debe convertirse en el primer fiscal. EPN les envió una iniciativa que les da la encomienda de elegir a quien llegue a esa nueva modalidad de impartición de justicia en nuestro país, donde ya no será una decisión del Ejecutivo, sino una tomada desde el Legislativo. En la reforma constitucional aprobada hace un par de años, se establecía que quien estuviera como titular de la PGR pasaría de facto al frente de la PGR en cuanto ésta inicie operaciones, bajo una esquema de autonomía. Las protestas ciudadanas ante la llegada de Cervantes a ese lugar estratégico habrán rendido frutos.
“El pase automático de procurador a fiscal no contribuye a la discusión misma del modelo institucional de la Fiscalía General…”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños, de AN, y no podría verse distinto si pensamos en los antecedentes. No hay razón para arriesgar un nombramiento tan importante, pues además de que la Fiscalía es una dependencia de recién formación, o al menos su esquema de funcionamiento, es también uno de los temas que puede poner en riesgo lo poco que le queda a esta administración por cacarear sobre sus reformas. Y un asunto de pragmatismo de una clase política que debe entender que cambiar es la única opción que les queda.
No sabemos quién vaya a ser el elegido ni quiénes serán los nombres que el Senado, en este caso, estudiará para convertir en nuevo fiscal, pero, al menos, sí vemos que hoy se ha construido una barrera que impedirá que la herencia o el dedazo en puestos y vacantes sean un cotidiano, al menos, a ese nivel de la función pública. Por algún lado se tiene que empezar… y qué bueno que sea en una materia tan abandonada y con tantos pendientes en la agenda, como lo es la impartición de justicia.

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