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Telecomunicaciones, una reforma que incluye a l@s ciudadan@s…

El periodo extraordinario del 8 y 9 de julio, resultó una jornada muy provechosa porque ganaron tod@s l@s mexican@s, ya que se consolida la rectoría del Estado, se impulsa el desarrollo de los medios de comunicación desde una perspectiva moderna, lo cual potenciará el crecimiento económico del país y se beneficia a los usuarios.
Es una reforma estratégica que inició con la reforma constitucional en junio de 2013, marcando un parteaguas en la materia en donde se reconoció expresamente en la Ley Fundamental, el derecho de acceso a las tecnologías de la información, incluida la banda ancha y los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, otorgándoles carácter de servicios públicos.
Bajo el anterior orden de ideas, las leyes que aprobamos en el Congreso, tienen como objetivo establecer condiciones de competencia y libre concurrencia en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, promoviendo un funcionamiento eficiente de los mercados, la cobertura universal de los servicios y, por ende, mejores términos de calidad y precio para los consumidores, al tiempo que se fortalecen y garantizan los derechos humanos.
Las nuevas disposiciones combaten las prácticas monopólicas, crearán nuevas fuentes de empleo y sientan las bases para reducir la brecha digital. Destacan también sanciones para los concesionarios que incumplan el mandato de ley y la creación del IFETEL que fungirá como órgano regulador.
Este nuevo marco regulatorio, constituye el andamiaje legal que hará frente a los acelerados cambios tecnológicos, que han hecho de las telecomunicaciones una herramienta fundamental para el desarrollo de los individuos y de las naciones.
Además de las ventajas para la economía nacional, resulta muy importante el sentido con que se concibieron las normas, ya que habrá importantes beneficios concretos para la población, que se traducen en la salvaguarda de sus derechos y en ahorros significativos para la economía de las familias.
En otras palabras, el espíritu de la propuesta considera al “ciudadano consumidor”, toda vez que el consumo es prácticamente una etapa inherente a la vida del ciudadano. Se apunta al derecho del consumidor como nuevo paradigma del derecho en una economía social de mercado, mandatando desde la ley el tratamiento justo y adecuado de los productos y servicios ofrecidos por los proveedores.
La presencia del “ciudadano usuario” toma relevancia al reconocerlo como un sujeto económico con derechos y sobre todo, al protegerlo efectivamente a través una figura que protege sus intereses y atenderá sus denuncias.
Con la entrada en vigor de la nueva legislación, se acabará la larga lista de arbitrariedades y abusos de las compañías, con los cobros excesivos y con las condiciones unilaterales que imponían los concesionarios para dar paso a modelos de contratación justos en términos de calidad, conectividad y precio.
Entre, los beneficios que esta reforma traerá consigo para las y los mexicanos, destaca que:
A partir del 1 enero de 2015 se elimina el cobro por larga distancia en telefonía fija y móvil.
Habrá señal (conectividad) de telefonía celular en todo el territorio nacional y con tarifas justas.
Los usuarios podrán cancelar el contrato celebrado con las compañías en caso de que cambien las condiciones y realizar cambio de una compañía a otra conservando el número telefónico en 24 horas, de manera simplificad y gratuita (portabilidad); tendrán derecho a recibir los servicios con la calidad contratada; recibir equipos terminales desbloqueados; y a que se les bonifique o realicen descuentos por las fallas en los servicios.
Se garantiza el acceso para las personas con discapacidad, ya que entre otras cosas, los concesionarios deberán contar con equipos con funciones para personas con discapacidad motriz, visual y auditiva; las instalaciones de los concesionarios deberán contar con adecuaciones especiales, al igual que los números telefónicos de atención al público; y tendrán obligación de brindar asesoría especializada.
Existirá una mayor cobertura nacional y una mayor programación para brindar más opciones a los ciudadanos.
Se entregarán equipos receptores y decodificadores para que, a más tardar el 31 de diciembre de 2015, toda la televisión sea de calidad digital.
Se eliminan los costos de la señal abierta en televisión de paga.
Se regulan con claridad y fortalecen a las concesiones sociales, indígenas y comunitarias.
Se ampliará la cobertura en comunicaciones vía satélite para conectar a las zonas rurales más alejadas en el país.
Se establecen medidas específicas para que los concesionarios no difundan contenidos discriminatorios hacia las mujeres y se les obliga a respetar el interés superior de la niñez.
El Estado llevará la conectividad a 250 mil sitios públicos, tales como escuelas, hospitales y edificios de gobierno.
El interés general, la competencia y los mercados de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, estarán debidamente resguardados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el cual funcionará con criterios técnicos y sin favoritismos de ningún tipo; será un órgano autónomo con amplias facultades en materia de regulación asimétrica, investigación y sanciones y el encargo del registro público de tarifas y concesiones, además de que su contralor interno será designado por la mayoría de la Cámara de Diputados.
Es una legislación que responde a las necesidades de una sociedad pluralidad, que se inscribe en la línea de la democracia y que beneficiará a todo el país.

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