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Una casta divina

Alfonso Zárate

Hace unos dieciocho años, ante el deterioro acumulado de los gobiernos priistas, el Partido Acción Nacional (PAN) venía en ascenso, ya había ganado su primera gubernatura, la de Baja California, y mostraba su músculo en el Estado de México. El “Corredor azul” incluía municipios como Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, Ecatepec y Tultitlán, que albergaban, junto a colonias populares, fraccionamientos residenciales para una clase media pujante, en gran medida conservadora y católica. El PAN había dejado de ser “la oposición leal” (Marisol Loaeza dixit) y se perfilaba como una opción real de poder; por esos años se infiltraron al viejo partido de los “místicos del voto”, los arribistas de siempre, quienes, como Vicente Fox, nada tenían que ver con el ideario de los fundadores que se proponían “llevar la decencia al ejercicio público”.

Una vez en el poder, empezaron a desnudarse los abusos de los neopanistas: varios alcaldes se fijaron percepciones excesivas, en Ecatepec, Agustín Hernández Pastrana, se auto asignó un ingreso superior al del presidente Clinton de Estados Unidos, lo “justificaron” diciendo que era para no robar, como si esas sumas no fueran una ratería.

En el año 2000, Vicente Fox, quien venía de una experiencia fallida como empresario agroindustrial (su rancho, San Cristóbal, transitó de una quiebra virtual o una prosperidad inusitada a partir de su paso por los cargos públicos), dijo que convocaría a los mejores funcionarios para gobernar, para reclutarlos contrató a head hunters, entre los llamados al equipo estuvo Ramón Muñoz Gutiérrez, gerente de personal de una planta del grupo Bimbo en el Bajío, que de allí saltó hasta la coordinación de innovación gubernamental en la Oficina de la Presidencia. Lo que impuso este “genio”, no fue una nueva ingeniería, sino una albañilería gubernamental que contribuyó a la atrofia que caracterizó a esa administración. Como Ramón Muñoz y Gerardo Ruiz Mateos, muchos de los “súper gerentes” resultaron sabihondos que usaron su paso por la administración pública para disfrutar de los símbolos del poder y las arcas públicas. Las supuestas altas calificaciones profesionales de esa camarilla sirvieron para justificar híper sueldos que permanecen hasta hoy, pero sus pobres resultados ofrecen la más contundente evaluación de su verdadera estatura profesional.

Hace unos días, el mismísimo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, esgrimió un argumento que se parece mucho al del entonces alcalde de Ecatepec: “Las condiciones de seguridad, estabilidad, remuneraciones dignas y capacitación no son en beneficio personal de los juzgadores, ni mucho menos privilegios inconfesables de éstos, sino condiciones necesarias para un servicio público indispensable, ineludible, en un país democrático que busca tener paz en el respeto a los derechos humanos de todos, y construir, con ello, una sociedad más justa, pues tener buenos jueces, independientes y confiables hace que la democracia sea real y efectiva, y el Estado de Derecho deje de ser una utopía”.

¿A cuánto ascienden esas remuneraciones “razonables y dignas”? Este año algunos ministros de la Corte recibirán 4 millones 659 mil 489 pesos (12 mil 765 pesos diarios), sin contar con otras erogaciones desmesuradas en conceptos como “servicios de lavandería”, “limpieza e higiene”, “pasajes aéreos” o “mantenimiento de vehículos”. Resulta inaudito que en un país con tanta pobreza se argumente que esos ingresos son una condición para preservar la independencia de los juzgadores.

Algo similar ha ocurrido con los órganos autónomos (INE, Inai…), consejeros y comisionados saltan de los haberes de académicos a los inmoderados de una casta divina. Con semejante criterio, ¿Cuánto tendría que pagarse a los funcionarios del Banco de México o de Hacienda a cargo de la deuda pública o a los de Pemex, el IMSS o la CFE que asignan contratos multimillonarios, para quitarles la tentación de pedir su moche? ¿La tentación de pervertirse solo es atemperada mediante ingresos jugosos? ¿Cuál es el límite salarial que garantiza la probidad? ¿Valores como la honestidad, la vocación de servicio, el patriotismo, no cuentan?

La sociedad está harta de ver a los miembros de la clase gobernante desplazarse en camionetas blindadas, con el acompañamiento de escoltas, comiendo y bebiendo en restaurantes de postín con cargo a los contribuyentes, usando para su servicio personal aviones y helicópteros oficiales.

Es imperativo reducir ingresos y privilegios a esa nata de funcionarios de los tres poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno, que han lucrado sin recato de los recursos públicos, pero hay que definir con la mayor sensatez los criterios para una reducción salarial que no puede darse como tabla rasa, sin generar desarreglos que pueden resultar muy onerosos para el país.

Presidente de GCI.

Twitter: @alfonsozarate

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