MINUTO X MINUTO

Una posible moneda de cambio


Cómo explicar lo que sucede con las instituciones que cada día se deterioran más agredidas de manera flagrante por quienes tienen la obligación de salvaguardarlas. Uno de los elementos de crisis institucional son los actos de represión contra quienes pretenden terminar con la impunidad, la corrupción y la violación al estado de derecho. Quienes quieren actuar bien se enfrentan al poder despótico y a la intolerancia feroz expresada en represión.
Esto es lo que ha pasado siempre, pero creímos que con nuevas instituciones como el combate a la corrupción, el respeto a los derechos humanos, la transparencia, el freno a la impunidad entre otras, el país se perfilaba a construir una nueva moral social moral, esto no es así, la protección a los delincuentes con poder pasa sobre todo y contra todos los que la impidan.
Esa es nuestra percepción con la destitución de el Fiscal Especial Para Delitos Electorales, Santiago Nieto. Fue una decisión inmediata, como los “mátenlos en caliente” de Porfirio Díaz. Al funcionario retirado de su cargo no se le citó para que cuando menos mediara una explicación sobre los señalamientos que se le hacen, se le dejó en estado de absoluta indefensión, una decisión como miles que se hacen diariamente en forma arbitraria y brutal.
El encargado del despacho de la PGR, Alberto Díaz Beltrán, con apenas unas horas de haber asumido el cargo dijo que la destitución se debía a que Santiago Nieto había “faltado al código de conducta de la dependencia”. Lo curioso es que nadie sabe ni siquiera la existencia de ese código de conducta, es la primera vez que se aplica, ni siquiera en contra elementos de la PGR que salieron por comprobado mal uso del cargo se invocó este código.
No solo eso, Díaz Beltrán no cita ni el código en lo general, ni en lo particular, solo indica una falta, no sabemos la naturaleza de la misma, su trascendencia, nada, no dice nada más que la sentencia implacable, inmediata ¡FUERA!
Esta decisión lo mínimo que ha causado es desconcierto, pero también preocupación y no poca indignación. Previo a un proceso electoral, calificado por el mismo Instituto Nacional Electoral (INE) como el de mayor importancia en la historia política de nuestro país por los cargos que estarán en juego, una decisión de esta naturaleza no solo huele, apesta a arbitrariedad absoluta.
La causa de la decisión sorpresiva y absurda es clara; el Fiscal Especial Para Delitos Electorales Santiago Nieto cometió un pecado que no se perdona entre los grandes corruptos, haber dicho que se investigaba la posible aplicación de recursos a las campañas del PRI, con recursos provenientes de la empresa petrolera brasileña Odebrecht, y la posible vinculación de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y algunos otros políticos que se han registrado como aspirantes a candidatos independientes.
Santiago Nieto ya había recibido una misiva de parte del señor Lozoya para que lo sacara del escenario por su posible participación en el financiamiento irregular. El problema no es de Santiago Nieto contra Emilio Lozoya, es contra toda una poderosa estructura del poder estatal dispuesta a las peores arbitrariedades para encubrirse, seguir en la impunidad y en el saqueo a la nación, pasando por los derechos constitucionales de los mexicanos, lo cual es irrelevante para ellos y para muchos más iguales a ellos, aunque sean de menor nivel.
Organizaciones empresariales, de la sociedad civil, juristas destacados, partidos políticos han expresado su condena a esta decisión, nosotros solo esperamos que no la usen como moneda de cambio político como tantas veces ha sucedido. O no.