Que recursos de procedencia ilícita se vayan a la beneficencia pública

Juan Carlos Chávez

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado más de 41 mil cuentas bancarias con cerca de 7 mil millones de pesos de procedencia ilícita o lavado de dinero y que debido a vacíos legales pasan a las cuentas globales, a manos de los bancos, así lo advirtió la diputada federal del partido del Trabajo, Celeste Sánchez Romero, al presentar una iniciativa de reforma de la Ley de Instituciones de Crédito.

Explicó que esta iniciativa tiene la finalidad de atender este vacío en torno a la recuperación de dichos recursos,  para que se dé aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  al prescribir el tiempo de reclamación y no permitir que al final se remitan a las cuentas globales de los bancos, sin que impacte en ninguna utilidad social, la iniciativa pretende que se aplique la extinción de dominio, que estos recursos aseguren su destino al patrimonio de la beneficencia pública y se apliquen en forma preferente a la rehabilitación de personas con adicciones.

Sánchez Romero señaló que  el objeto de la extinción de dominio en este tipo de delitos es debilitar las finanzas de las organizaciones delincuenciales e identificar los bienes que son de origen y destinación ilícitos, no obstante, si bien es cierto que el marco jurídico aplicable en la materia prevé lo relativo a la prevención de dicho delito, a través del congelamiento de cuentas o la inclusión del sujeto en la lista de personas bloqueadas, también es cierto que este es omiso respecto del fin último de los recursos congelados por su posible procedencia ilícita de los mismos.

Por lo anterior expuesto, la legisladora federal petista consideró necesario reformar el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito a fin de establecer que las instituciones de crédito deberán informar a la SHCP, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de aquellas cuentas que no han sido reclamadas en un periodo de 3 años así como montos que mantienen, previo a enviarlas a la cuenta global, con el fin de que la Secretaría determine si las mismas tienen relación con operaciones de procedencia ilícita y si las mismas deben ser materia de aviso o denuncia ante la Fiscalía General de la República.

 

 

 

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