Urgen informe y agenda del Poder Legislativo

Staff

No solo es positivo sino absolutamente necesario que los futuros legisladores y los partidos que los postulan suscriban un compromiso para que los ciudadanos puedan revisar y contribuir con el trabajo legislativo, declaró en entrevista Juan Ángel Chávez Ramírez, Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y ex presidente del Poder Judicial en Durango.

Al comentar la propuesta del Consejo Estatal Ciudadano para que el Poder Legislativo pueda rendir un informe como lo hacen el Ejecutivo y el Judicial y para que se facilite la participación de los ciudadanos en materias como la consulta popular o la iniciativa ciudadana, el jurista expresó su completo acuerdo y destacó la importancia de que se establezca una agenda legislativa como fórmula de consenso para cada periodo de sesiones.

– Acerca de un tema que se ha venido ventilando recientemente sobre la conveniencia de que los futuros representantes populares y los partidos políticos que los postulan, suscriban con la ciudadanía un compromiso que les permita participar a los ciudadanos y revisar y contribuir al trabajo legislativo, ¿qué opina usted?

– Mire la respuesta corta es, que resulta no solo positiva la idea sino absolutamente necesaria, visto el creciente desinterés ciudadano por el trabajo político y sobre todo por el desempeño de sus representantes populares.

La respuesta larga, es que se requiere de un trabajo conjunto y solidario de políticos y ciudadanos, de partidos y de expertos y organizaciones profesionales, para conjuntar esfuerzos y tratar de poner el marco jurídico del Durango a la altura de las aspiraciones de participación de los habitantes del estado.

– Desde su perspectiva, ¿qué tipo de medidas serían apropiadas para esa finalidad?

– Son una serie de etapas y acciones que, en mi concepto, darían un gran ejemplo de colaboración de sociedad política y sociedad civil.

Primero. Una sencilla reforma constitucional que mencione a la Agenda Legislativa como fórmula de consenso en cada período ordinario o extraordinario de sesiones, misma que será elaborada en los términos y condiciones que establezca la Ley Orgánica del Congreso.

Segundo. Una reforma a la Ley Orgánica del Congreso que detalle las etapas, procedimientos, participantes, y temas a incluirse en la agenda legislativa de cada período, así como la obligatoriedad de las comisiones y Pleno de la Cámara de diputados de discutir las iniciativas respectivas en ese lapso, con independencia del sentido en que se produzcan los dictámenes que les recaigan.

Dichas reformas determinarán la participación de las organizaciones de la sociedad civil que se incorporarán al proceso legislativo como coadyuvantes y supervisores sociales, tanto en la preparación de iniciativas como en los trabajos de análisis en comisiones y grupos de trabajo del Congreso.

Tercero. Un diagnóstico sobre las más de 150 leyes vigentes en el Estado, para verificar:

Cuales son anacrónicas u obsoletas y deben abrogarse; cuales están desactualizadas y requieren adecuaciones; cuales son conformes con la Constitución y cuales se le contraponen, y cuales son necesarias y de urgente elaboración.

Cuarto. Una revisión integral de la Constitución local, para verificar los ordenamientos o leyes que están previstas, o se desprenden de su texto, y no se han elaborado hasta la fecha.

Quinto. Un análisis minucioso del Plan Estatal de Desarrollo vigente, para definir cuáles de los objetivos que se plantean en ese instrumento de planeación requieren de la elaboración y presentación de iniciativas legislativas.

Sexto. En tanto se procede con los pasos sugeridos en los puntos anteriores, se propone la suscripción de un Pacto Ciudadano que contenga las bases principales de la colaboración Congreso-sociedad civil, como un compromiso de buena fe, transparente y solidario en el que todos ganemos: representantes populares, partidos políticos, gobernanza y sociedad.

Séptimo. Como inicio del despliegue de la estrategia propuesta, se podría formar una Comisión Ejecutiva que se encargue de darle forma a los compromisos y a formular los anteproyectos de rutas críticas, etapas, y productos preliminares del Pacto Ciudadano, comenzando por la revisión y adecuación de los mecanismos de las ley relativos a la Consulta Popular y a la Iniciativa Popular, para simplificar los requisitos y facilitar el acceso de la ciudadanía a estos instrumentos democráticos.

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