Javiera, de 32 años de edad, descubrió que estaba embarazada en octubre de 2019, noticia que la tomó de sorpresa, ya que desde hace tres años tomaba anticonceptivos.
Cuando la prueba de embarazo salió positivo, descubrió que no era la única que había tomado anticonceptivos y había resultado embarazada.
Pues ella y otras 170 mujeres en Chile, fueron víctimas de un escándalo que ha golpeado fuertemente al sistema de salud pública del país, pues la administración, por error, dio anticonceptivos defectuosos a miles de mujeres.
La pastilla Anullete CD, del Laboratorio Silesia S.A., hasta hace seis meses era repartida a más de 300 mil personas acogidas al programa de planificación familiar en Chile.
El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile, alertó de esta situación en agosto de 2020, por lo que pidió el retiro del mercado de estos anticonceptivos.
Sin embargo, la medida llegó demasiado tarde, pues las pastillas anticonceptivas estuvieron en circulación por más de un año y las denuncias sobre embarazos no deseados aumentaban diariamente.
La mayoría de las 170 mujeres embarazadas optó en continuar con su embarazo, sin embargo, Javiera ha mostrado su inconformidad y ha solicitado un aborto.
Por lo que el 17 de diciembre del año pasado, la joven se dirigió al Centro de Salud Familiar (Cesfam) donde la atendían y presentó su petición.
Sin embargo, en Chile, la interrupción del embarazo está permitida bajo tres causales, la inviabilidad del feto, peligro de la vida de la madre o violación. En caso de las primeras dos opciones, no hay un límite de semanas de gestación del embarazo.
Por lo que Javiera se apegó a la segunda causal, afirmando que, producto de la situación en la que se encuentra, estaba sufriendo un importante daño psicológico, por lo que su vida estaba en peligro.
Sin embargo, su solicitud fue ignorada, por lo que la joven decidió en acudir a los tribunales.
Javiera afirmó que no tiene los recursos necesarios para mantener al bebé.
El recurso de protección presentado ante los tribunales por la defensa de Javiera, quien ya cuenta con 23 semanas de embarazo, plantea que el Cesfam tuvo un actuar ilegal y arbitrario, al omitir la solicitud de aborto y solicita que se evalúe su estado psíquico con el fin de optar a una interrupción de embarazo.
El pasado miércoles la Corte de Apelaciones de San Miguel, en Santiago, acogió el requerimiento de la joven, marcando un importante precedente para los derechos reproductivos de las mujeres en Chile.
En un fallo unánime, el tribunal resolvió que en el caso de Javiera hubo vulneración al derecho a la vida, integridad física y psíquica de la mujer, como también una vulneración a su derecho a la igualdad ante la ley.
La sentencia concluyó que al no responder a la solicitud inicial de la mujer, el Cesfam había actuado, no solo de forma “caprichosa y arbitraria”, sino también ilegal.
La Corte de Apelaciones indicó que en un plazo de cinco días el Centro de Salud Familiar evaluará a la mujer para determinar si se puede o no acoger a la causal de interrupción del embarazo.
