Estados Unidos detiene a ex dueño del Club Generales de Durango, acusado en un esquema de fraude

Está acusado en un esquema de fraude, además de fomentar e inducir la inmigración ilegal.

El excadidato de Fuerza por México a la gubernatura de Querétaro, Juan Carlos Martínez Cecias Rodríguez,  fue detenido por autoridades norteamericanas en HoustonTexas por su presunta responsabilidad en un esquema de fraude y fomentar la inmigración ilegal al vecino país.

Lo anterior fue dado a conocer por el Departamento de Justicia estadounidense, mediante un comunicado en el que expresa que además de Cecias Rodríguez también fue detenida su socia Karina Hernández.

Juan Carlos, de 51 años de edad, es propietario de Mobile Coatings Management (MCM) y copropietario y presidente de Uberwurx, con el nombre de RhinoPro, una empresa de revestimiento de lechos de camiones y accesorios para camiones, según los documentos judiciales que presentaron las autoridades responsables de la detención.

Mientras que Hernández, de 41 años, es señalada como copropietaria de Texas Franchise and Business Consulting (TFBC), que es una empresa enfocada a ciudadanos mexicanos interesados en arrancar negocios en Texas.

Asimismo en el comunicado se detalla que el excandidato utilizaba Uberwurx para que los inversionistas obtuvieran la visa tipo E-2, documento que les permite trabajar, el cual está reservado para empresarios extranjeros basados en una inversión sustancial en una empresa de buena fe.

De ahí se deriva la acusación contra los ahora detenidos, ya que trabajaron para comercializar y vender la franquicia antes mencionada a través de MCM, quien se encargaba de gestionar las franquicias en lugar de que lo hicieran los inversores, a quienes les solicitaban omitir a MCM en la solicitud de la visa.

Según los informes esto lo realiza con al menos 120 inversores desde enero de 2017 a diciembre de 2021, con pérdidas por más de 30 millones de dólares.

Los delitos son conspiración para cometer fraude electrónico, cuatro más por fraude electrónico y otros cuatro por fomentar e inducir la inmigración ilegal; y en caso de ser encontrados culpables de los delitos, los imputados podrían recibir una pena de hasta 20 años de prisión por cada cargo de fraude electrónico y 10 más por cada cargo de inmigración, lo que pudiera dar un total de 140 años de cárcel para cada unos de los acusados.

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