🖊Opinión | División de poderes y órganos constitucionales autónomos

A partir del viraje electoral 2018, que trajo como consecuencia que la titularidad del poder ejecutivo, el poder legislativo y la mayoría de los congresos estatales en México se concentrara en una sola fuerza política, se generó una preocupación ante la posibilidad de no tener contrapesos reales en un país donde la democracia aún no se consolida. Empero, podemos decir que (en términos generales) los poderes tradicionales y los mismos órganos constitucionales autónomos han alcanzado una madurez y una autonomía que permiten asegurar ese rol necesario en el contexto político actual.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la mal lograda Ley Bonilla, representó una bocanada de oxígeno para el sistema democrático de separación de poderes. Esta decisión fue vista -inclusive- como un acto de restablecimiento del estado constitucional y democrático de derecho, y es un ejemplo de esos contrapesos a los que me refiero.

Pero también el Instituto Nacional Electoral, en una decisión basada en los principios de autonomía e independencia, entre otros, negó a la Secretaría de Gobernación, dependiente del Poder Ejecutivo, los datos biométricos de las y los mexicanos inscritos en el padrón electoral, esto a partir de la prohibición legal para entregar estos datos tan sensibles a un tercero.

El propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, ha ordenado a la oficina de la Presidencia de la República la entrega de información solicitada por ciudadanas y ciudadanos interesados en conocer información de este poder público, por lo que, el año pasado ordenó la entrega de los documentos que sustentara las declaraciones hechas por el ejecutivo de la unión respecto de la existencia de actos de corrupción en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México.

Quizás por este ejercicio independiente y responsable de los órganos autónomos, es que se han generado intentos por vulnerar la autonomía de estos órganos esenciales para recrear la democracia, con propuestas de reforma para limitar su actuación, y lo que verdaderamente llama la atención es que dichas amenazas provengan del partido en el gobierno, y quien resultó ser el más beneficiado en las elecciones de 2018; los órganos electorales fueron quienes organizaron esas elecciones auténticas y abiertas, donde se respetó la voluntad ciudadana y donde se permitió que los representantes electos popularmente llegaran con toda la legitimidad que ameritan esos cargos públicos.

Uno esperaría (cuando menos eso indica la lógica) que en todo caso, quienes no lograron triunfos, fueran quienes pudieran pensaran en cambiar las reglas del juego democrático, pero en esta ocasión no es así, en algo que llama la atención y que resulta paradójico, la fuerza política mayormente beneficiada con estas reglas del juego, es quien está pretendiendo modificar este sistema nacional de elecciones; un sistema que, aún con las áreas de oportunidad que tiene, es un modelo que funciona y funciona bien y que ya fue puesto a prueba con resultados exitosos.

A partir de la existencia del sistema nacional de elecciones -creado con la reforma Constitucional y legal de 2014- más del 60% de las elecciones estatales han derivado en alternancias, y si bien las alternancias persé no representan a la democracia, lo cierto es que sí nos indican que existen las condiciones necesarias para que cualquiera de las fuerzas políticas en disputa pueda obtener triunfos electorales, esto a partir de la aceptabilidad que tengan con la ciudadanía.

Que es lo que también nos hacen pensar estas posturas, pues que se trata -entonces- de desacreditar al árbitro cualquiera que sea el resultado (desacreditar por desacreditar). Al respecto, el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, hace una metáfora citando al periodista uruguayo Eduardo Galeano: el árbitro del futbol se parece al árbitro de la política en México, los derrotados dicen perder por culpa del árbitro y quienes ganan, obtuvieron la victoria a pesar del árbitro.

También se encuentra latente la intención de afectar las estructuras de los órganos electorales por razones de austeridad, pero si así fuera, porqué no analizar distintos esquemas para lograr una reducción en el gasto, sin pensar en aniquilar a la Institución, me parece que no podemos ser injustos con las luchas emprendidas por muchas y muchos mexicanos (por varias generaciones), personajes que fueron construyendo el sistema robusto que hoy tenemos, y que apostaron por una solución no violenta sino más bien pacífica en la transmisión del poder público, desde Jesús Reyes Heroles; Cuauhtémoc Cárdenas; Porfirio Muñoz Ledo, Manuel Clouthier y Carlos Castillo Peraza, entre otros. Hay que honrar esta revolución pacífica, anteponiendo una visión evolucionista y no regresionista de nuestro sistema electoral mexicano.

Finalmente, citando también al propio Presidente del Instituto Nacional Electoral: México tiene serios problemas de inseguridad; de educación y de pobreza, entre otros, y la organización de las elecciones no puede ser un problema más y no podemos convertirlo en otro problema adicional, por el contrario, como ha ocurrido en los últimos años, los comicios deben ser una verdadera ventana para lograr una pacífica y civilizada coexistencia social; es necesario seguir recreando nuestra Democracia, quizás ello no sea suficiente pero sí esencial.